La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA), promulgada en 1974, marcó un antes y un después en el acceso equitativo al crédito y la vivienda en Estados Unidos. Esta legislación pionera busca eliminar las barreras que históricamente limitaron a mujeres, personas de color y otros grupos vulnerables en sus derechos económicos. A 50 años de su implementación, su impacto sigue siendo relevante y su legado fundamental para combatir la discriminación financiera.
En sus inicios, la ECOA prohibía la discriminación en los préstamos basada en el sexo y el estado civil, una medida crucial en un contexto donde estas prácticas eran comunes. Dos años después, en 1976, el Congreso amplió su alcance al incluir protecciones contra la discriminación por raza, origen nacional y otros factores, alineándose con la Ley de Equidad en la Vivienda de 1968. Ambas leyes fueron fundamentales para contrarrestar los efectos de décadas de prácticas como el "redlining", donde las instituciones crediticias marcaban barrios de mayoría negra como de "alto riesgo", limitando severamente el acceso a financiamiento.
No solo abrieron puertas al crédito estas reformas, sino que también sentaron bases para mejorar la calidad de vida. El crédito es esencial para adquirir vivienda, iniciar negocios o acceder a educación superior. Según Kathy Flanagan Payton, directora de una organización de revitalización comunitaria en Houston, "rompe maldiciones generacionales". Los datos de la Reserva Federal de 2022 muestran que la riqueza media de las familias blancas (285,000 dólares) supera ampliamente a la de las familias hispanas (61,600 dólares) y negras (44,900 dólares), reflejando desigualdades persistentes.
Si bien la ECOA fue efectiva en gran medida, aún persisten desafíos. En años recientes, se identificaron casos de discriminación crediticia en estados como California, Texas y Florida. Prestamistas en estas regiones fueron señalados por atender únicamente a comunidades de mayoría blanca, ignorando vecindarios de color cercanos.
En respuesta, el Departamento de Justicia lanzó en 2021 la Iniciativa de Combate a la Discriminación por Desaparición Forzada. Este programa busca erradicar prácticas discriminatorias, colaborando con entidades como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Hasta la fecha, esta iniciativa logró acuerdos por más de 152 millones de dólares, incluidos 134 millones destinados a subsidios de préstamos y 18 millones a programas educativos y comunitarios. Según el Departamento de Justicia, "cada dólar de subsidio de préstamos produce más de 10 dólares de crédito nuevo para las comunidades afectadas", lo que se traduce en más de mil millones de dólares en beneficios acumulados.
Los acuerdos alcanzados obligaron a prestamistas a abrir nuevas sucursales en comunidades desatendidas. Además, se debió contratar oficiales especializados para garantizar un acceso más equitativo al crédito. (Notipress)
