Hace poco más de tres semanas, las lluvias torrenciales y los desbordamientos en la provincia de Valencia dejaron centenares de muertos, miles de viviendas y vehículos destruidos y una economía local con daños irreparables. Sin embargo, la tragedia continúa con las consecuencias económicas y sociales que agravan más la situación de los afectados.
Mientras la población se esfuerza por reconstruir sus casas, ahora enfrentan un aumento en el precio de los bienes básicos, ya que algunos productos como agua, alimentos, botanas y artículos de limpieza, considerados indispensables para las viviendas y comercios, subieron drásticamente de precio. “Se pusieron a hacer negocio con nuestras casas, junto a las colas del hambre en World Cental Kitchen”, comentó un vecino afectado.
En cuanto al sector automovilístico, la demanda de coches usados se elevó 67 % tras la destrucción de aproximadamente 120,000 unidades, según los datos oficiales. Esto llevó a un aumento en los precios de 5.8 %.
Más de 64,000 viviendas fueron destruidas, y aunque el gobierno aprobó ayudas de 800 euros mensuales para las rentas, los oportunistas aprovecharon para encarecer los precios de las rentas en un mercado que ya estaba encarecido.
En el barrio de Orba, en Alfafar, una agencia inmobiliaria, bajo la fachada de “voluntarios”, ofrecía ayuda para recuperar las escrituras de las propiedades que habían sido afectadas; sin embargo, también proponía hacer la venta de la casa “sin costo”. Esto indignó a los vecinos, quienes denunciaron lo ocurrido ante las autoridades.
Por su parte, las autoridades alertaron sobre intentos de estafas mediante donaciones falsas. Esto puede presentarse por medio de sitios web fraudulentos que pedían donaciones de dinero para las zonas afectadas.
De acuerdo con los expertos, para reconstruir las zonas afectadas de más de 70 localidades se necesitan de contratos con cifras millonarias tan solo para la infraestructura. Sin embargo, se ha señalado la existencia de adjudicaciones, las cuales fueron otorgadas a empresas que están vinculadas a empresarios señalados por financiación irregular del Partido Popular (PP).
Mientras la población afectada lucha por salir adelante, también enfrenta un sistema que parece estar más enfocado en aprovecharse de la desgracia que en ofrecer soluciones reales.