El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ha sido clave para garantizar el derecho de acceso a la información en México, un derecho reconocido en más de 100 países del mundo. Pero el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum está por enterrarlo esta semana, con la aprobación de la mayoría calificada de Morena en el Congreso.
La desaparición del INAI sin duda afectará a la sociedad mexicana, ya que se enfrentará a un camino sinuoso que no conoce, cuando desde 2015 hay una Ley General de Transparencia que le brindaba garantías para que pudiera ejercer su derecho a la información.
En ese sentido, la desaparición de este órgano autónomo significa un duro golpe también para las personas de a pie, que muchas ocasiones no cuentan con los recursos económicos para enfrentar un juicio, como en su momento lo planteó Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI.
En una entrevista a Radio Ibero, mencionó que una adulta mayor manifestó al IMSS delegación Yucatán que padecía cáncer terminal, por lo cual no contaba con trabajo u otra fuente de ingreso. Por ello, pidió conocer su expediente clínico, pero la ley solamente le permitía al IMSS entregar 20 copias gratuitas de la información que se generó desde su ingreso hasta su última consulta.
Gracias al INAI se aplicaron condiciones de accesibilidad y de equidad de género para este trámite por circunstancias especiales y su caso se concibió desde los derechos humanos para que pudiera obtener su expediente gratuito, sin tener que interponer un recurso de revisión ante un tribunal administrativo.
Alcalá Méndez aseguró que sin el INAI, la persona no hubiera podido obtener su expediente, ya que se aplicaron condiciones de accesibilidad y de equidad de género. "Las copias le costaban 7,500 pesos y ¿cuánto le hubiera costado un juicio de amparo? Esa era la alternativa para reclamar esa resolución. Vino con nosotros. El proceso fue gratuito y electrónico. Si se hubiera ido a un procedimiento judicial hubiera invertido mucho más de 7,500 pesos. Son situaciones que vemos día a día", refirió en la entrevista.
Por otro lado, la directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León, mencionó que toda la información a cargo del INAI pasará a manos del gobierno federal, por lo que la información se centralizará y será controlada desde el poder gubernamental, lo que representa que sea juez y parte al mismo tiempo.
Además, creará incertidumbre en la resolución de recursos de revisión por resistencia del gobierno a la entrega de información pública. Afirmó que mientras se da la transición de toda la información del INAI a al gobierno se experimentará un vacío en el derecho de acceso a la información pública (DAIP), ya que no se contará de manera inmediata con un órgano autónomo e independiente que obligue a los sujetos obligados a que entreguen la información a los ciudadanos al momento de solicitarles información.
La activista precisó que una de las bondades que ofrecía la Plataforma Nacional de Transparencia era la posibilidad de denunciar de manera instantánea casos de opacidad por parte de los sujetos obligados. Pero además el INAI como los órganos garantes locales fungían como una ventana para que el ciudadano presentara de manera directa denuncias por opacidad.
Ahora que la Secretaría de la Función Pública será la encargada de la protección de datos personales y de sancionar el actuar indebido con la información de las personas, será inminente que prevalezca la desconfianza ciudadana hacia la institución con el temor de que dicha información sea utilizada con otros fines, tales como de difamación, estigmatización, entre otras.
Las expresidentas del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) —ahora INAI—, María Marván Laborde y Jacqueline Peschard Mariscal, coincidieron en que está decisión de eliminar el organismo echará al traste casi 25 años de una institución que garantizó el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales de los mexicanos.
Manifestaron que la sociedad va a perder la información sobre el uso de los recursos públicos, ya que quien va a decidir qué información se dará, es el mismo gobierno. Es decir, el gobierno es el que está obligado a dar la información y es el que va a estar garantizando la información.
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