Unas 300,000 familias mexicanas padecen el deterioro de un tercio de las pesquerías ribereñas por el olvido del Congreso, que relega la emisión de leyes para proteger dichas comunidades, denunció el miércoles la organización ambientalista Oceana, en el marco del Día Mundial de la Pesca. "Las familias pescadoras enfrentan el deterioro del 34 por ciento de las pesquerías, lo que pone en riesgo esta importante fuente de alimentación sin leyes que atiendan esta problemática. según la Carta Nacional Pesquera", dijo la organización en un informe
Las pesquerías no solo proveen sustento a sus comunidades, sino que su producción tiene importancia como fuente de alimento para millones de familias, destaca el reporte. A su vez, Oceana define a las pesquerías como "pilares fundamentales para garantizar el acceso a proteína de calidad para la población".
La organización presentó en 2021 un amparo judicial en contra del Congreso federal mexicano por omisión legislativa, y busca que se ordene al órgano legislativo "incorporar disposiciones claras para la restauración de pesquerías".
El Congreso federal mexicano tiene una "deuda histórica" con las comunidades pesqueras para fortalecer al sector, dijo en una declaración escrita la directora ejecutiva de Oceana, Renata Terrazas. "Está en sus manos aprobar el presupuesto suficiente para que las instituciones del Estado puedan operar de manera adecuada de mano del sector y se garantice el derecho a la alimentación de todas y todos los mexicanos", planteó Terrazas.
La organización, dedicada a la protección de los océanos, exige que se reconozca la importancia de las comunidades pesqueras y su contribución a la alimentación mundial. A su vez, las normativas actuales no incluyen ningún mecanismo para la restauración de pesquerías deterioradas, sobreexplotadas o en riesgo, "lo que viola tanto el derecho a un medio ambiente sano como el derecho a la alimentación, ambos reconocidos en el Artículo 4 Constitucional", señalan los ambientalistas.
Terrazas indica que la discusión y aprobación del presupuesto del Gobierno federal para 2025 es un momento clave para atender las necesidades de la pesca. "No podemos hablar de celebración cuando las y los pescadores, quienes alimentan al país, carecen de un marco legal que proteja su actividad y garantice la recuperación de las pesquerías", enfatiza.
El caso por "omisión legislativa" presentado por Oceana se encuentra actualmente en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analiza por posibles violaciones a derechos humanos fundamentales.
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