El Gobierno argentino formalizó la retirada de las dos pensiones de privilegio que recibía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) como exmandataria y como viuda del exjefe de Estado fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) a través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.
"Baja de los Beneficios Nros. 47-0-0000282-0 y 47-6-8085213-0 del Registro Unico de Beneficiarios (RUB) de esta Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), cuya titularidad detenta la Sra. Cristina Elisabet Fernández", señala la resolución 1092/2024.
En las consideraciones de la norma, el Gobierno del presidente Javier Milei recordó que el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, confirmó la condena contra la exmandataria a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El tribunal de alzada convalidó el miércoles la pena que en primera instancia había condenado en diciembre de 2022 a la expresidenta por irregularidades en la concesión de 51 proyectos viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante sus dos mandatos y durante la gestión de su esposo (2003-2007), bajo la consideración de que habían sido direccionados a un empresario local, Lázaro Báez.
Después de que Milei anunciara en la víspera que daría de baja las pensiones de privilegio de la expresidenta, Fernández lo acusó de ser un "dictadorzuelo" y de querer presidir "un tribunal de honor para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño" de quienes lo precedieron en el cargo.
La exmandataria también observó que la pensión de los expresidentes se debe al mérito de haber sido elegidos por el voto popular, y que el mal desempeño solo puede ser juzgado por el Congreso a través del juicio político y durante el ejercicio del mandato.
En un texto que publicó en las redes sociales, quien fuera también vicepresidenta entre 2019 y 2023 señaló que ninguna de las viudas de los expresidentes perdieron sus pensiones de privilegio, por más que estos hubieran acumulado causas penales en su contra o que incluso hubieran tenido que abandonar su cargo con anticipación, como le ocurrió al exmandatario Fernando de la Rúa (1999-2001) tras el estallido social y económico de 2001.
El oficialismo presentó en septiembre en el Congreso un proyecto de ley para eliminar las jubilaciones de privilegio a excepción de la del presidente, que gozaría de una asignación equivalente al 80 por ciento de la remuneración que percibía en el desempeño de su ejercicio.
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