El incremento a la tarifa del transporte público continúa en la agenda del gobierno del estado, después de que los transportistas no cesan en su petición y siguen insistiendo. La amenaza de los concesionarios de tomar las calles en señal de protesta no es un tema que le preocupe al poder ejecutivo, "siempre y cuando no se dañe a terceros", ha dicho el titular de la SEGOB, Javier Aquino Limón.
El funcionario, quien ha encabezado las reuniones con los líderes transportistas, ha manifestado en diversas ocasiones que el tema está sobre la mesa y se continúa analizando, asegurando que el procedimiento para considerar un aumento en la tarifa pasa por una serie de valoraciones técnicas, en las cuales no solo se busca un ajuste al precio del pasaje, sino también la mejora del sistema de transporte público.
Una mejora que no ha sido visible desde la última vez que se acordó un incremento al pasaje. Miles de ciudadanos han señalado puntualmente todas las deficiencias del transporte público, por lo que resulta inexplicable cuáles son las valoraciones que tiene que llevar a cabo el gobierno del estado cuando están a la vista de todos.
Cabe recordar que el último aumento al pasaje fue autorizado por el fallecido exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en 2019, cuando pasó de 6 pesos a 8.50 pesos; además, se implementaron descuentos para las personas de la tercera edad y los estudiantes. En contraparte, el sector transportista se comprometió a mejorar el parque vehicular, así como a la instalación de cámaras de videovigilancia.
Sin embargo, cinco años después, poco más de 3,000 vehículos del transporte público de un parque vehicular de 24,000, cuentan con cámara de seguridad, y la gran mayoría de las unidades se encuentran en pésimas condiciones. Además, muchas de ellas ya rebasan su vida útil, que es de 10 años, de acuerdo con la Ley de Transporte Público del Estado de Puebla.
Las quejas de los usuarios son constantes: asientos en mal estado, goteras, cristales rotos, vehículos sin salida de emergencia, pasamanos destornillados, escaleras de ascenso y descenso sin antiderrapantes, entre otras.
Además, los choferes capacitados siguen brillando por su ausencia. Y si es que cumplieron con este punto, lo más seguro es que reprobaron el curso. Diariamente se denuncian los malos tratos hacia el usuario, el exceso de velocidad en que manejan las unidades, el constante correteo entre vehículos de la misma ruta, el ruido musical excesivo, y han sido detectados choferes menores de edad.
Todos estos puntos y muchos más que los usuarios demandan deben ser considerados antes de que el gobierno, por lo menos, valore un incremento al transporte público. De darse un ajuste al precio del pasaje, quien sufrirá más las consecuencias, como siempre, será la ciudadanía, quien ya sufre a diario al abordar una unidad sin saber si llegará con bien a su destino.
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