A partir de los primeros meses de 2025, la Clave Única de Población (CURP) con datos biométricos será obligatoria para la población en México, de 5 años en adelante, con el propósito de combatir el robo de identidad, ya que aseguran tendrá un porcentaje de seguridad más elevado, pues vinculará el documento con las huellas dactilares, firma digital e iris.
En pocas palabras, el CURP biométrico permitirá identificar de manera más confiable y precisa los datos de cada persona. Pero este hecho ha preocupado a diversos sectores, así como a organizaciones, que han advertido sobre el riesgo que implica que el gobierno tenga en su poder los datos biométricos de los mexicanos.
Catedráticos especialistas en el tema han manifestado que si la Secretaría de Gobernación tiene en su poder los datos biométricos de las y los mexicanos no necesariamente garantiza que se va a abatir el robo de identidad. Aseguran que no es más que una excusa para que el gobierno federal se haga de la base de datos biométricos, la cual, como bien han señalado las autoridades del INE, debe quedarse en este instituto y no en manos de la Secretaría de Gobernación.
Por ley, el árbitro en las contiendas electorales puede recopilar los datos biométricos de los ciudadanos para expedir las credenciales de elector, pero el tema se torna delicado, ya que con los datos biométricos en poder de la SEGOB habría un mayor control social y político sobre la población civil.
El caso toma tintes de mayor riesgo, ya que la SEGOB tiene una línea directa con la presidenta, que en cualquier momento, dicen los que saben, accedería a esos datos biométricos para ejercer un mayor control político sobre adversarios, disidentes y enemigos políticos. Los datos biométricos le darán mayores referencias sobre la vida privada de una persona.
La recolección de datos biométricos, en las democracias consolidadas, como son las huellas dactilares, se hace sólo en personas que han sido sentenciadas por la comisión de un delito o que han ingresado al sistema penal para enfrentar un juicio.
Cuando los datos biométricos se convierten en datos y se almacenan, el usuario corre el riesgo de dejar un registro digital que puede ser monitorizado. Algunos gobiernos han usado software de reconocimiento facial para monitorizar e identificar a personas con una precisión estremecedora que limita la privacidad de manera significativa.
Puede parecer que la biometría y la seguridad van de la mano, pero las mismas cualidades que hacen que los datos biométricos sean tan buenos para la autenticación, también hacen que estén expuestos. Un hecho que podría presentarse es que la base de datos sea hackeada, ya que actualmente la biometría es un objetivo lucrativo para los hackers y cibercriminales.
A todo lo anterior, hay que sumar que en la actualidad la tecnología biométrica está lejos de ser infalible y hay un riesgo inherente. Y es que aunque la biometría es generalmente más segura que otros métodos de autenticación, la filtración de identificadores biométricos es potencialmente mucho más grave y hay preocupaciones legítimas sobre cómo los gobiernos pueden utilizar estos datos.
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