La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este lunes al Senado dos proyectos de ley secundarios sobre la elección de jueces y magistrados en junio de 2025, establecida en la reforma constitucional al Poder Judicial que fue promulgada por el Gobierno anterior en septiembre.
"Estas dos leyes tienen el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución de la reforma constitucional al Poder Judicial para que, a partir del 15 de octubre, salga la convocatoria del Senado de la República", para la elección de jueces por voto popular, dijo la jefa del Ejecutivo a periodistas.
Las propuestas reforman las leyes de instituciones, de procedimientos electorales y las del sistema de medios de impugnación en materia electoral. "Si por alguna razón la Corte (Suprema) no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder llevar a caboesta convocatoria", detalló Sheinbaum.
La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, detalló el contenido de las iniciativas que envió este lunes la presidenta de México para que continúe el proceso de la renovación del Poder Judicial.
Los cambios determinan "cuándo vamos a elegir y vamos a hacer esta elección el primero de junio del 2025", dijo Godoy.
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La convocatoria corresponde al Instituto Nacional Electoral, por lo que se prevé un libro único para la elección de los juzgadores. Según el programa propuesto por la presidencia para la elección de jueces, ministros y magistrados, comienza el 16 de octubre, cuando el Senado emita una convocatoria general, y el 31 de octubre se instalen los comités de evaluación.
La publicación de convocatorias para la ciudadanía se prevé el 4 de noviembre y para la inscripciones de aspirantes el 24 de ese mes. El 31 de enero de 2025, los comités electorales llevaraán a cbao entrevistas para la selección de finalistas y el 5 de febrero depurarán listados y los devolverán a los poderes, que serán publicados el 7 de febrero.
La autoridad electoral publicará las normas relacionadas con las campañas que podrán hacer los aspirantes sobre la base de que no podrán adquirir publicidad en radio y televisión. La reforma también contempla los mecanismos de vigilancia para que estos aspirantes no reciban financiamiento de otras instancias y define los montos que personalmente podrán gastar.
