Después de la reforma Judicial, en la Cámara de Diputados siguen avanzando las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de ellas, la que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con esto, se estarían trasladando más de 120,000 elementos de la GN al ejército, lo que se ha considerado la militarización de la seguridad.
Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Verde, aprobaron la reforma con 362 votos a favor, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sólo dieron 133 votos en contra, insuficientes para frenar la iniciativa. Ahora, el dictamen fue turnado ante Senado, donde también se prevé su aprobación, toda vez la 4T también tiene la mayoría para que el proyecto sea una realidad.
Trasladar la Guardia Nacional a la Sedena implica, entre otras cosas, que dejará de estar bajo un mando civil y pasará a uno completamente militar, como todo lo que eso conlleva, es por esto que la reforma ha sido criticada,
Te interesará leer: Lista la del Poder Judicial, ¿qué otras propuestas faltan de las 20 de AMLO?
¿Qué significa la militarización?
La militarización se refiere, no a la existencia de un ejército, sino al hecho de que las fuerzas armadas tomen un papel predominante en la sociedad, mediante el control de asuntos clave y estratégicos de un estado. Lo anterior supone que las fuerzas armadas irán más allá de sus labores de defensa nacional y se adentran en otras que anteriormente estaban destinadas a mandos civiles.
Este proceso se ve principalmente con la participación del ejército en labores y diseño de estrategias de seguridad pública, ya sea que colaboran con las policías estatales y municipales, o bien, que directamente las suplen en los procesos de investigación de delitos y generación de inteligencia. También sucede con perfiles de formación militar que son asignados a puestos de seguridad civil.
Eso no es todo, ya que también tienen injerencia en la gestión de recursos naturales o con la construcción de infraestructura pública, algo que ya ocurre en México con las tareas de la Sedena construyendo trenes, hospitales, carreteras o aeropuertos que luego también se les dejan para administrar.
Por si fuera poco, se les va dotando de más recursos, más personal y capacidades para hacer sus labores sin ninguna restricción y sin medir las consecuencias de sus actos. En síntesis, la militarización ocurre cuando el ejército se adentra en labores que les son ajenas y poco a poco las van controlando en su totalidad.
Lisa María Sánchez Ortega explica en su texto “La militarización de la seguridad pública y sus fundamentos legales”, que a diferencia de lo que ocurre en contextos como guerras civiles o una dictadura militar, la militarización es una decisión política tomada a conciencia, con toda la intención de fortalecer y aumentar gradualmente la presencia de los militares en todos los ámbitos de la vida pública.
El proceso de militarización no se da de un día para otro y generalmente se da por varios argumentos, como lo son: nivelar las condiciones de combate al crimen organizado, ya que los mandos policiales son insuficientes; también se dice que es para que el estado recupere el control de ciertas zonas donde operan los grupos criminales; o bien para hacer valer el gasto de las fuerzas armadas en caso de que no haya un conflicto armado exterior en el cual participen.
No obstante, hay otra premisa que se sostiene en la idea de que la militarización es la evolución de las estrategias de seguridad ante la complejidad de los fenómenos y el carácter multidimensional de las amenazas. Además, al menos en el caso de México el presidente López Obrador esgrime el argumento de que las fuerzas militares son las únicas que operan sin corromperse como las fuerzas civiles.
La concentración de poder sin restricciones en las fuerzas armadas da pie a que estas puedan actuar de manera discrecional sin rendir cuentas. Y es que durante los últimos años, se ha evidenciado que el ejército y la GN, violan derechos humanos de la población sin mayores consecuencias, ya que los militares no pueden ser juzgados por jueces civiles, sino que sólo en tribunales de la milicia.
Detenciones arbitrarias, actos de tortura, violaciones a derechos, agresiones sexuales, abuso de poder, desaparición forzada de personas como supuestamente ocurrió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o ejecuciones extraoficiales, son algunos de las estrategias a las que suelen recurrir los elementos militares que se desempeñan en tareas de seguridad pública para las que no están entrenados.
Esta es la segunda ocasión en que el presidente insiste en trasladar a la GN bajo el mando de la Sedena, pues afirma que sólo así se evitará que se corrompa como sucedió con la extinta Policía Federal que estuvo a cargo de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico, ante una posible pena de cadena perpetua.
La primera reforma de AMLO se dio en 2022 y esta fue aprobada en el Congreso de la Unión, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que era inconstitucional. Ahora, se espera que la nueva reforma avance en el Senado, aunque en esta ocasión, con la reforma Judicial, podría no ser revertida nuevamente.
.gif)