Instancias internacionales, sin posibilidades de frenar la reforma judicial

México tendrá, por primera vez, jueces, magistrados y ministros electos por voto popular gracias a la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), un proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los opositores al proyecto anunciaron que buscarán revertir la reforma por cualquier vía, por lo que también recurrirán a instancias internacionales.

Trabajadores del PJF anunciaron que, en un último intento por frenar la reforma a la que ya sólo le falta publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), recurrirán a instancias internacionales para anularla. Este es su esfuerzo final para revertir el proyecto, ya que en el Legislativo federal y en los congresos locales, no les fue posible detener el avance del cambio constitucional.

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Esto es algo a lo que constantemente se alude, el hecho de “ir ante instancias o tribunales internacionales” para dilapidar las acciones de un gobierno cuando estas no le favorecen a un grupo. La realidad es que poco o nada pueden hacer este tipo de instituciones para revertir este cambio, pues hay un historial de solicitudes similares que no prosperaron.

¿A qué instancias internacionales se refieren?

En primer lugar, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), anunció que ya hay representantes en Ginebra, Suiza, para denunciar la ilegalidad y los daños de esta reforma ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El principal reclamo fue la independencia de los jueces federales.

La jueza de distrito Abigail Ocampo, así como Francisco López, representante del Colegio de Secretarios y Actuarios, fueron los encargados de presentarse en dicha instancia para exponer los peligros de la reforma y la elección de jueces por voto popular. Por su parte, la magistrada Mayra González señaló que con la reforma también está en riesgo la división de poderes.

Por otra parte, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Jufed y jueza mexicana, también anunció que recurrirán ante la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), una instancia que ya ha hecho resoluciones en contra de México. Juana Fuentes dijo que su argumento es que la reforma de trata de un “golpe de estado técnico” con el cual, el gobierno busca instaurar un estado de excepción.

En ambos casos, tanto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como en la CIDH, fueron cerca de 820 jueces y magistrados los que pidieron abiertamente la intervención ante la aprobación de la reforma. En su momento pidieron la suspensión del proceso legislativo, pero en dado caso, también exhortaron a qué se cancele la ejecución de la ley si se aprobara, como ya pasó.

En lo más reciente, los Operadores de Justicia y trabajadores del PJF pidieron al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que intervenga con acciones legales en contra del país tras la aprobación de la reforma. En una carta le solicitan a Ken Salazar que, por medio del Departamento del Tesoro y el de Estado, apliquen sanciones, embarguen y congelen activos financieros e inmobiliarios.

Eso no es todo, pues también piden que se cancelen y nieguen visas y, por último, que se aplique la Ley Magnitsky, referente a la Rendición de Cuentas en Materia de Derechos Humanos. Lo anterior piden que se aplique para el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a los diputados y senadores que votaron a favor de la reforma.

Pesa a los reclamos y solicitudes que han hecho a estas instancias y a otras que se podrían sumar, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o las “redes internacionales de juzgadores”, como lo dijo Juana Fuentes, la realidad es que sus resoluciones podrían no surtir efecto.

Por ejemplo, la CIDH ha emitido órdenes a México en materia de DDHH, pues pidieron que se eliminara de la Constitución Mexicana la figura de la prisión preventiva oficiosa. Lo anterior ocurrió en abril del año pasado, pero dicho fallo no fue escuchado y actualmente el gobierno planea ampliar el catálogo de delitos a los que ameritarán prisión preventiva oficiosa.

En tanto, la ONU le ordenó al gobierno federal que reactivara el Centro Nacional de Identificación Humana, una instancia enfocada a la identificación de personas desaparecidas. Dicha orden se dio el 14 de febrero luego de que se desmantelara dicho centro, pero hasta la fecha no se ha reactivado con todo y la orden de Naciones Unidas.

En los hechos, las resoluciones e investigaciones que emite el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo mismo que cualquier otro organismo de la ONU, no son jurídicamente vinculantes a menos que estén sustentados algún tratado internacional, por lo que no hay obligación de que los estados deban cumplirlas. En caso de que le den una orden al gobierno mexicano para revertir o anular la reforma, no está obligado a seguirla.