Finalmente sucedió, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) se aprobó en el Poder Legislativo y con ello México tendrá jueces, magistrados y ministros electos por voto popular. Fue en la madrugada del 11 de septiembre cuando el Senado dio luz verde al proyecto que modifica la Carta Magna, y el último paso es la aprobación en, por lo menos, 17 legislaturas estatales.
Tras una serie de manifestaciones, toma de la sede principal, cambio de sitio y discusión entre los legisladores, la reforma fue aprobada en el ámbito federal. Luego de esto vino la discusión y aprobación en los distintos congresos locales, donde la mayoría dio el aval del proyecto en “fast-track”, es decir, con nula discusión y en medio de más rechazo por parte de los trabajadores del PJF.
Los procesos legislativos que implican modificaciones en la Constitución Mexicana también requieren la aprobación de 17 congresos estatales como último paso para su entrada en vigor. En el caso de la reforma judicial, llegó a su cauce en poco más de 24 horas, pues sólo hubo una entidad donde la rechazaron y en el resto avanzó sin contratiempos, aunque no ocurre igual con todas las reformas.
¿Por qué se requiere la aprobación de 17 congresos?
La disposición de requerir el aval de 17 congresos locales obedece a lo que dicta el artículo 135 de la Constitución Mexicana, donde se lee que “la presente Constitución puede ser adicionada o reformada”. En dicho artículo también se explica que para una modificación se requiere el voto favorable de dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la de Senadores.
Lo siguiente en el proceso legislativo es, de acuerdo con tal artículo, que “estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México”. En México hay 32 entidades federativas, por lo que el mínimo para la aprobación de una reforma constitucional es de 17 congresos estatales con mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los presentes.
Como es una modificación a la Constitución, algo que sólo le atañe al Legislativo federal, las legislaturas estatales no pueden hacer modificaciones a los proyectos constitucionales. Sus funciones se limitan solamente a votar, aprobar o rechazar, para luego remitir sus decisiones al Congreso de la Unión, donde llevarán a cabo el cómputo de los votos y declarar la validez del proyecto.
En caso de que la reforma reciba el visto bueno de los 17 Congresos, las demás entidades ya no tendrán que hacer la discusión y votación, pues se da por sentado que el proyecto tiene la aprobación necesaria. Lo siguiente es enviar el dictamen al Ejecutivo para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con lo que oficialmente la reforma entrará en vigor.
Para la reforma al PJF, los estados que aprobaron son: Oaxaca, el único que logró la unanimidad, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California, Nayarit, Colima, Durango, Morelos, Yucatán, Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero y, por último, Zacatecas. El único que la rechazó fue Querétaro, por lo que ya no es necesaria la discusión en los otros 14 estados.
Gracias a que la 4T obtuvo el respaldo en prácticamente todos los estados, se prevé que la reforma entre en vigor el 15 de septiembre para la modificación del sistema de justicia del país; no obstante, algunas reformas han encontrado más resistencia para su aval desde las legislaturas locales y son pocas las que logran su cometido tan rápido como el proyecto judicial.
Una ocasión en que se vio la aprobación igual de rápida fue con la reforma energética de Enrique Peña Nieto en diciembre del 2013, cuando los estados demoraron apenas 83 horas, es decir, menos de tres días y medio. Fue el 16 de diciembre cuando el proyecto del priista recibió el aval de los 17 congresos, lo que en ese momento fue un récord que se rompió con las 32 horas que requirió la del PJF.
En contraste, con el panista Felipe Calderón Hinojosa la Ley del Estado Laico tuvo una demora importante, pues se aprobó en marzo del 2012 y tardó nueve meses para recibir el visto bueno de los congresos y ser ley constitucional. Ese mismo año, una reforma al artículo 24 constitucional impulsada en marzo no tuvo la mayoría de congresos hasta junio del 2013, ya con Peña Nieto como presidente.
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