En un momento crucial para la regulación de la tecnología, el primer tratado mundial jurídicamente vinculante sobre inteligencia artificial (IA) fue firmado, marcando un hito en la gobernanza global de esta potente herramienta. El acuerdo, conocido como Framework Convention, surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto de la IA en los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Con la participación de naciones clave como la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, así como otros países adicionales, este tratado establece un marco legal robusto para guiar el desarrollo y uso de la IA, asegurando que esta tecnología avance de manera ética y responsable en un contexto internacional. Este convenio, elaborado por el Consejo de Europa (CDE), busca garantizar la expansión de la IA respete los estándares civiles esenciales para mantener el equilibrio social.
Ante ello, Marija Pejčinović Burić, secretaria general del CDE, enfatizó que el acuerdo es un "texto sólido y equilibrado", resultado de un enfoque inclusivo incorporando las perspectivas de numerosos expertos. El Framework Convention es un tratado abierto con un alcance potencialmente global, permitiendo a otros países se adhieran en el futuro.
Por otra parte, el pacto recibió la firma de Andorra, Georgia, Islandia, Noruega, República de Moldavia, San Marino e Israel, aunque la ratificación deberá realizarse de forma individual por cada nación. Una vez completado este proceso, se dará un plazo de tres meses para que las disposiciones entren en vigor. Además, cualquier país que desee unirse a la iniciativa podrá hacerlo posteriormente.
Los términos del tratado proporcionan un marco legal que cubre todo el ciclo de vida de los sistemas de IA. Los firmantes están obligados a cumplir con normas de regulación y supervisión para mitigar riesgos potenciales. Asimismo, las negociaciones involucraron a 46 Estados europeos y 11 países no miembros del bloque, entre ellos México, Argentina, Canadá, Costa Rica, la Santa Sede, Uruguay y Perú.
También, los países participantes se comprometieron a hacer evaluaciones iterativas de amenazas que la IA puede representar para los derechos fundamentales y el estado de derecho. Además, deben establecer medidas preventivas y de mitigación y facultar a las autoridades para imponer prohibiciones o moratorias sobre ciertas aplicaciones de IA. El tratado también exige la creación de mecanismos locales para documentar y poner a disposición del público información relevante sobre los sistemas de IA y su uso.
Dicha información debe ser suficiente para que las personas comprendan cómo funcionan y cómo se emplean en diversos contextos. Asimismo, los usuarios tendrán la posibilidad de presentar reclamaciones si consideran que las decisiones basadas en algoritmos son injustas o erróneas. La Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas supervisará el cumplimiento de estos mandatos, facilitando la cooperación mediante audiencias públicas para asegurar la aplicación efectiva del tratado.
Regular el desarrollo y uso de la IA emergió como una prioridad global. Los gobiernos están evaluando diversas propuestas legislativas, siendo el marco regulatorio europeo uno de los más sólidos hasta la fecha. Sin embargo, los esfuerzos parecen estar aislados y los expertos advierten que el éxito de estas iniciativas puede estar en riesgo. En marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la primera resolución global no vinculante sobre IA.
No obstante, esta resolución busca proteger los datos personales, mejorar la privacidad, garantizar un monitoreo riguroso de la IA para detectar riesgos y defender los derechos humanos. La propuesta, impulsada por Estados Unidos y respaldada por Rusia, China y otros 121 países, marca un paso representativo hacia una regulación global más coherente en el campo de la inteligencia artificial. (Notipress)
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