La Suprema Corte de Justicia de México comenzó este jueves consultas para que el pleno del máximo tribunal determine si tiene facultades para dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo de análisis y aprobación de un proyecto de reforma constitucional del Poder Judicial, propuesto por el Ejecutivo
"Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la presidencia de este Alto Tribunal al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer", dice la consulta de la presidenta de la Corte, Norma Piña, con fecha 5 de septiembre.
Una magistrada federal con sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, que colinda con la capital del país, otorgó una suspensión definitiva contra la discusión y aprobación en el Congreso de la reforma al Poder Judicial federal.
La ministra presidenta del máximo tribunal hizo la consulta del dictamen a solicitud de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed).
El amparo judicial de marras otorga garantías a los trabajadores del Poder Judicial que se consideran afectados por la reforma al Poder Judicial, que plantea la elección por voto popular de los magistrados de las máximas cortes y unos 6.000 jueces de distritos federales.
La consulta fue turnada a la ministra del máximo tribunal Lenia Batres, quien fue asesora jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y se convirtió en jueza de la Corte Suprema en enero de 2024, quien respalda la reforma impulsada por el Ejecutivo.
La magistrada Batres debe presentar al pleno judicial dos proyectos en los que plantee si es posible o no que el tribunal supremo ejerza su "facultad de atracción" del caso dictaminado por la jueza federal de distrito en Morelos, Martha Magaña López, como solicitan jueces y magistrados inconformes con la reforma que integran la Jufed.