De último momento, el Congreso del Estado dio a conocer que llevarán a cabo una nueva sesión extraordinaria en la que aprobarán un megapaquete de iniciativas que estaba rezagadas, algunas por más de dos años. Entre estas se incluirá la llamada “Ley Carpy”, una iniciativa que ya se aprobó en comisiones y con la que se busca ayudar a las personas que son víctimas de un ilícito en Puebla.
La llamada Ley Carpy es una iniciativa que planteó hace más de dos años el exdiputado Osvaldo Jiménez del PAN, pero que ahora recuperó e impulsó su suplente, José Miguel Espinosa de los Monteros. En términos generales, el proyecto de ley consiste en garantizar que las víctimas de un ilícito que sufrieron lesiones permanentes tengan acceso a tratamientos médicos gratuitos.
El origen de esta iniciativa se remonta a mediados del 2022, cuando el activista Felipe Carpinteyro fue víctima de un ilícito que lo dejó en un estado de salud grave y con secuelas permanentes que se mantienen hasta el día de hoy. Con la incesante inseguridad en el estado, este escenario se ha visto en reiteradas ocasiones y, de haber existido antes esta ley, pudo aplicarse para ayudar a más personas.
En esto consiste la Ley Carpy
La iniciativa la presentó el panista Osvaldo Jiménez el 1 de junio del 2023 y consiste en una reforma al artículo 26 y 31 de la Ley de Víctimas del Estado. Por más de un año el proyecto quedó en la “congeladora” hasta que el pasado 3 de septiembre la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la retomó y aprobó el dictamen para su discusión y votación en el Pleno del Legislativo.
El argumento que esgrimó el panista es que en cualquier momento una persona puede ser víctima de un delito y este, a su vez, puede derivar en afectaciones permanentes, tanto en lo físico como en lo sicológico, lo que deja a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad. Resalta la urgencia de garantizar que las personas reciban los tratamientos adecuados por el tiempo que les sean necesarios.
La reforma establece que todas las instituciones de salud pública, incluidas las municipales, deberán brindar atención en emergencias inmediata y obligatoriamente. De igual forma, en caso de que haya secuelas, se dará el acompañamiento hasta que la víctima lo requiera, o bien, se hará de manera permanente en los casos donde los daños y lesiones sean permanentes.
Los servicios médicos que se brindarán no sólo abarcan cuidados físicos, sino que incluyen asistencia médica, sicológica, siquiátrica, odontológica y, en última instancia, protección a la víctima. Si un especialista así lo determina, esto se hará permanente y con servicios de calidad para el tratamiento de enfermedades, lesiones, traumas y hasta violaciones a derechos humanos.
Dicha reforma fue inspirada en el caso de Felipe Carpinteyro, quien fue víctima de un asalto en el que lo despojaron de 300,000 pesos cuando salía de un banco en avenida Las Torres y la 24 sur, en Puebla. En el hecho recibió, el joven recibió tres disparos de arma de fuego que impactaron en uno de sus riñones, otro en su pulmón y el último en su columna.
Tras los disparos, Felipe Carpy sufrió la pérdida del riñón y el impacto en su columna lo dejó sin la posibilidad de volver a caminar. En su caso, Felipe presentó otro tipo de complicaciones, las económicas, ya que no podía costear todos sus gastos médicos y tratamientos, por lo que surgió la necesidad de asegurar que las víctimas como él tengan acceso a la salud ante este tipo de escenarios.
En Puebla, así como en el resto del país, los asaltos y robos son un riesgo constante con el que los ciudadanos tienen que convivir diariamente, por lo que están expuestos a sufrir una lesión o secuela al ser víctimas de un ilícito. El caso de Felipe Carpy fue sólo uno de los tantos en los que un delito deriva en daños físicos o sicólogos.
Por ejemplo, el 7 de febrero de este año pasó un caso similar al de Felipe Carpy, aunque en esta ocasión fue en la avenida Juárez de la capital. Luego de que un hombre hiciera un retiro bancario por 300,000 pesos, dos sujetos lo amenazaron con armas de fuego para quitarle el dinero, aunque al poner resistencia le dieron un disparo en la pierna.
Otra víctima que corrió con la misma suerte fue un conductor de transporte público de la ruta 38A, a quien le dispararon en el brazo mientras asaltaban la unidad. Los hechos se dieron en abril de este año, cuando dos sujetos abordaron el camión para robarle su dinero y otras pertenencias, aunque también lo agredieron y, como acto final, le dispararon en una de sus extremidades.
Finalmente, en julio pasado un taxista también sufrió un disparo de arma tras ser víctima de un robo a su unidad. Los hechos se dieron durante la noche en el municipio de San Pedro Cholula, donde una mujer abordó el auto y pidió una parada en medio del viaje, momento en el que un hombre subió y asaltó al conductor, quién se opuso y luego fue baleado en el estómago.
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