La supervisión judicial del fundador de Telegram, Pável Dúrov, detenido el sábado pasado en París, podría durar años, comentó a la agencia Ria Nóvosti el abogado francés David Libeskind.
"La supervisión puede continuar hasta que termine la investigación que realiza el juez de instrucción. Por lo general, en Francia las investigaciones penales duran tres o cuatro años, no hay plazo máximo", explicó Libeskind.
De acuerdo con el abogado, Dúrov puede solicitar en cualquier momento que el control judicial se modifique o cancele.
"También puede, como excepción y con argumentos sólidos, solicitar un permiso para viajar al extranjero", agregó.
Además, continuó, Duróv tiene derecho a viajar libremente por todo el territorio francés si cumple sus obligaciones de supervisión judicial, y tomar los vuelos domésticos dentro de Francia.
El abogado recordó que el fundador de Telegram puede enfrentarse al máximo de diez años de prisión debido a que en Francia los años de prisión dictados por cada delito no se acumulan, en particular, una pena superior absorbe y se funde con penas iguales y superiores.
Libeskind también dijo que el CEO de Telegram puede seguir trabajando, ya que la supervisión judicial no implica restricciones al uso de Internet, computadoras o celulares.
El sábado pasado, los medios franceses informaron que Dúrov, de 39 años, fue detenido en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París.
Los cargos imputados a Dúrov, según la Fiscalía francesa, incluyen la creación de una plataforma en línea para posibilitar transacciones ilegales en un grupo organizado; la negativa a presentar, a petición de las autoridades, la información o documentos necesarios para realizar intercepciones permitidas por la ley; la posesión y distribución de imágenes pornográficas de menores, entre otros.
Por su parte, el equipo de Telegram aseguró que la plataforma cumple con las leyes de la Unión Europea y calificó de absurdo responsabilizar a su fundador y propietario del uso indebido de este servicio de mensajería instantánea.
La víspera, Dúrov fue puesto bajo supervisión judicial con la obligación de pagar una fianza de cinco millones de euros, presentarse en comisaría dos veces por semana y la prohibición de abandonar el territorio de Francia.
