La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López sigue su camino y ya pasó el primer filtro en el proceso legislativo: su aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados. Estas modificaciones a la Constitución Mexicana han puesto los ojos del mundo en México, especialmente por las implicaciones económicas y las notas que las calificadoras de riesgo pondrán en caso de que se apruebe.
Las calificadoras Fitch Ratings y Morgan Stanley anunciaron medidas contra México debido al avance de la reforma planteada por el jefe del Ejecutivo. En el caso de Morgan Stanley, anunció el 20 de agosto que degradaría la recomendación de inversión por el avance de la reforma, mientras que Fitch Ratings señaló el nulo crecimiento de México, que ha sido del 1.7 % entre el 2000 y el 2023.
El presidente López Obrador ha respondido que le tienen sin cuidado las acciones que tomen las calificadoras porque, a diferencia de lo que ocurría en otros años, ya no marcan la agenda del país. Pese a los comentarios del mandatario, la realidad es que el trabajo de las calificadoras sí tiene impacto en la economía de un país.
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Las calificadoras de riesgo son empresas privadas que se dedican a evaluar la solidez de las instituciones financieras para asignarles, como su nombre lo dice, una calificación que exponga la probabilidad de que cumpla sus obligaciones de deuda. Si bien se enfocan en otras empresas privadas, también se adentran a la evaluación de gobiernos, por lo que su calificación repercute en la economía nacional.
La metodología de evaluación varía entre calificadoras, pero en general toman factores como la deuda, certeza jurídica, política fiscal, ingresos, efectivo a disposición, factores macroeconómicos o la gobernanza y la política de un país. Aunque estos son los factores más elementales que se consideran, hoy en día también se evalúan los riesgos ambientales y conflictos sociales.
Se basan en una escala de letras para otorgar calificaciones. Las más altas se dan con la “A”, lo que significa que una institución o país es de bajo riesgo, aunque a algunos se les otorga la nota “AAA”, es decir, las que prácticamente no representan ningún riesgo. Luego de estas van las “B”, “BB” y “BBB”, que indican un riesgo mayor pero todavía intermedio que no necesariamente lleva a pérdidas.
Por el contrario, las calificaciones “C” y “D”, y las subsecuentes, son las escalas más bajas y que incluso reciben el denominativo de “basura” porque invertir en esas empresas o gobiernos implica un riesgo de pérdida casi seguro. Cuando se da una nota esta sólo es temporal, ya que conforme pase el tiempo y los factores cambien, la calificación podría ser más alta o más baja.
Existen diferentes agencias calificadoras de riesgo, pero las que gozan de mayor prestigio por sus evaluaciones son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, esta última una de las que advirtió a México. Estas cuentan con más de 100 años de existencia y son altamente reguladas por instituciones financieras de Estados Unidos y Europa para asegurarse de que sus evaluaciones sean objetivas.
En términos generales, su función es la de analizar la capacidad de pago de los emisores de deuda, fomentan la transparencia en los mercados financieros, hacen que la toma de decisiones de los inversores sea informada tomando en cuenta los factores de riesgo, y son determinantes al momento de acceder al financiamiento, pues al tener una calificación baja disminuyen las opciones de inversión.
A pesar de que en algunos países no le dan la importancia adecuada a la nota de las calificadoras, la realidad es que una mala evaluación puede ser determinante para el crecimiento financiero nacional. En primer lugar, esta puede afectar en la tasa de cambio e incrementarla al grado de que los costos de importación de los productos a un país se elevan, lo que aumenta el costo final para los consumidores.
Por otra parte, al tener mala nota un país puede bajar sus probabilidades de acceder a préstamos o financiamiento por parte de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FIM). De igual forma, esto ahuyenta a la inversión de capitales extranjeros, por lo que no se generan empleos, no hay estabilidad económica ni financiera para el gobierno ni la población.
Además, las malas calificaciones llevan a hacer ajustes en las políticas financieras como cambios en la tasa de interés, lo que deviene en plazos más largos para el pago de las deudas externas. Por si fuera poco, también se provoca una fuga de capital por los inversionistas que retiran su dinero del país, ante la baja confianza en la economía local.
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