El pasado 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 5 de febrero que AMLO la envió, hasta ahora, se han hecho varios cambios al proyecto, siendo lo más reciente la inclusión de los jueces sin rostro.
Lidia García Anaya, diputada de Morena por el estado de Hidalgo, anunció que el dictamen incluirá tal figura bajo el argumento de que el Órgano de Administración Judicial podrá disponer de jueces sin rostro para casos de delincuencia organizada. El objetivo es, según la morenista, que los jueces sean anónimos para cuidar la seguridad de las personas juzgadoras en estos escenarios.
Esta figura no es nueva, pues el expresidente Felipe Calderón la propuso en 2010, al igual que hoy, para los procesos judiciales en contra de narcotraficantes, mientras que en otros países se ha usado con polémicas. Los jueces sin rostro tienen más implicaciones que el hecho de mantenerse en el anonimato en un juicio, pues se ha catalogado como una medida que viola los derechos humanos.
La realidad de los jueces sin rostro
Los jueces sin rostro son una figura especial en la que los juzgadores resguardan su identidad al enfocarse en juzgar determinados delitos, esto ante la falta de garantías por parte del estado para proteger su vida y la de su familia. Se emplea cuando el juez atiende casos de ilícitos riesgosos, como delincuencia organizada, terrorismo o narcotráfico, que son los que pueden poner su vida en riesgo.
E
n este sentido, durante un proceso judicial los jueces encargados del caso no tendrán que presentarse en los juzgados y, por definición, las partes involucradas no tendrán conocimiento de quién será la persona que les dicte sentencia. Con esto se evita que los jueces sean blanco de alguna represalia por los grupos criminales que se sentirían afectados por sus resoluciones.
De igual forma, durante los casos que se han visto en el mundo con este tipo de jueces, tampoco se pueden ver sus nombres o firmas en algún documento oficial para asegurar el sigilo en su actuar.
Como se mencionó antes, esta medida no es una propuesta nueva en México, pues la trató de impulsar Felipe Calderón en 2010, pero su origen se remonta a Italia en la década de 1960 para proteger a los jueces de las mafias locales. Años más tarde también se ha usado en países de Latinoamérica como Colombia, Brasil y Perú, siendo este último uno de los casos más polémicos en el continente.
Durante la presidencia de Alberto Fujimori en Perú, los jueces sin rostro fueron una de las herramientas que el mandatario usó para llevar a cabo procesos judiciales injustos contra partidos comunistas como “Sendero Luminoso”. De acuerdo con Amnistía Internacional, desde 1992 las reformas para el combate al terrorismo facilitaron la detención arbitraria y el encarcelamiento de personas inocentes, todo avalado por el sistema de “justicia ciega” que afectaba a los opositores del gobierno de Fujimori.
Entre 1992 y 1996, se detectaron cerca de 700 casos de presos inocentes gracias a los jueces sin rostro y las leyes antiterroristas, aunque las organizaciones peruanas estimaban que la cifra podía ser del doble, es decir, 1,400 presos. Instituciones internacionales como la Corte de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) objetaron dicha figura judicial y recomendaron al gobierno peruano su abolición, aunque la prolongaron hasta 1997.
En el caso de Colombia, surgieron a mediados de la década de 1990 debido a los múltiples asesinatos y ataques que sufrían los impartidores de justicia, especialmente a manos de los cárteles de narcotraficantes. Con el Decreto 2790, el gobierno creó los jueces sin rostro, a fin de garantizar la seguridad de los juzgadores en los casos que se traten de narcotráfico; sin embargo, por ser contraria a los procesos judiciales justos, a principios del 2000 fueron eliminados.
La implementación de los jueces sin rostro es considerada una medida violatoria de los derechos humanos, ya que es contraria al debido proceso y a los principios de igualdad e imparcialidad en los procesos. Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciaron por los agravios que suponen los jueces anónimos y las sentencias que emitieron en casos como el de Perú.
Si bien todavía falta que la reforma Judicial se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados y luego en la de Senadores, la medida de los jueces sin rostros es vista como una forma de enjuiciamiento sin un proceso justo. En caso de implementarse, México estaría rompiendo con la Convención Americana de Derechos Humanos por no dejar que las personas conozcan a los que serán sus juzgadores.
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