¿De verdadera utilidad? Este es el papel de los organismos autónomos que podrían desaparecer

¿De verdadera utilidad? Este es el papel de los organismos autónomos que podrían desaparecer

Foto: FreePik

El 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para eliminar siete organismos autónomos de la Constitución Mexicana. Entre las instituciones que podrían desaparecer, la más destacada es el INAI, pues durante años fue útil para asegurar el derecho a la información, mientras que las funciones de otras más han pasado casi desapercibidas.

 

Los organismos que podrían decir adiós en la próxima Legislatura federal, en la que la 4T contaría con la “supermayoría”, son: INAI, CONEVAL, COFECE, IFT, CRE, CNH y la MEJOREDU. Esto es parte del llamado “Plan C”, el paquete de 20 iniciativas constitucionales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión el 5 de febrero.

 

La eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es la que más genera incertidumbre por su función en el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. En tanto, el resto de organismos eran desconocidos para el grueso de la población hasta hace unos meses que inició la discusión en torno a ellos.

 

¿Han sido de utilidad?

 

CONEVAL: En el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), fue creado en 2005 con el objetivo de medir el desarrollo, las políticas sociales y la pobreza en el país. El objetivo es que, con base en sus mediciones, el gobierno pueda tomar mejores decisiones y acciones a través de políticas públicas para la atención de los sectores más vulnerables.

 

 

Este organismo no sólo se limita a medir cuánta gente vive en situación de pobreza o pobreza extrema, sino que también analiza el acceso a servicios públicos, como los de salud, los programas de asistencia social, el rezago educativo o el aumento de empleo. Lo anterior es útil para que las administraciones futuras de los tres órdenes de gobierno sepan qué áreas atacar en sus planes de desarrollo social.

 

En lo más reciente, el año pasado el CONEVAL dio a conocer que durante la administración de AMLO entre, cerca de 8.9 millones salieron del umbral de la pobreza en México.

 

MEJOREDU: La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) surgió tras la eliminación del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) en 2018 y hace evaluaciones del sistema de educación de la nación. En teoría, este organismo tiene a bien la evaluación y análisis de los programas educativos en México, aunque en los hechos no ha servido para impedir el rezago y la mala calidad.

 

 

En octubre del 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), publicó un estudio que sostiene que a cuatro años de su fundación, las evaluaciones del MEJOREDU han sido insuficientes para dictar un mejor rumbo para la educación del país. “Estas evaluaciones, aunque sirven de retroalimentación, no son suficientes para guiar la política educativa, ya que los resultados y su interpretación son poco concluyentes”, dijo el informe.

 

En caso de que se concrete su desaparición, sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que sería la SEP evaluándose a sí misma.

 

IFT: En cuanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, este fue creado en 2013 con el objetivo de regular y supervisar el uso, explotación y aprovechamiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. Al igual que el MEJOREDU, su creación data del 2013 como la reingeniería en la administración pública promovida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

 

 

Este es uno de los organismos que tiene más relevancia para la vida pública del país, al regular el actuar de todo el sector de telecomunicaciones. Asimismo, este tiene importancia para los tratados comerciales que celebra México; por ejemplo, el T-MEC señala que entre los países involucrados debe existir un órgano regulador independiente, por lo que México incumpliría esta parte del acuerdo al desaparecer el IFT.

 

COFECE: La Comisión Federal de Competencia Económico (COFECE) es otro más de los creados en 2013 bajo el mando de Peña Nieto, y su objetivo principal es el de evitar las prácticas monopólicas en el comercio. Para esto, la COFECE se encarga de que haya competencia entre los distintos actores económicos, a fin de que las personas puedan tener opciones para el consumo de productos o servicios.

 

 

Gracias al actuar de este instituto se han obtenido precios bajos, servicios de valor agregado, más variedad de productos, cercanía, disponibilidad, especialización e innovación en diferentes sectores económicos. Para ocuparse de estás funciones estará la Secretaría de Economía, aunque se prevé que ello no tenga la misma función para evitar las prácticas monopólicas que beneficien a alguna empresa privada en particular.

 

CRE y la CNH: En tanto, la Comisión Reguladora de Energía es más antigua, pues se creó por decreto en 1993 bajo la gestión de Carlos Salinas de Gortari. Esta se encarga de supervisar las actividades para otorgar, modificar, renovar, transferir, revocar y extinguir permisos para el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas natural, así como para el transporte y la distribución de gas licuado de petróleo.

 

Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se creó en 2008 bajo la premisa de ser un organismo con autonomía técnica para regular y supervisar la exploración y extracción de hidrocarburos en México. Al ser una oficina separada del gobierno, su función es la de asegurarse de que no haya centralización con la forma en que se explotan estos recursos propiedad de la nación.

 

 

En este caso, las tareas de estas dos instituciones quedarían en manos de una sola: la Secretaría de Energía. Dado que actualmente son instancias altamente especializadas en una rama, al ser absorbidas por la misma dependencia se prevé que se pierda capacidad regulatoria o que esto facilite el monopolio y la centralización del sector energético en el gobierno federal.

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