El paro en el Poder Judicial de México provocó un intenso debate, revelando las diferencias entre el Gobierno y los trabajadores judiciales en torno a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras el mandatario acusa al Poder Judicial de servir a "una minoría", otros consideran el paro una defensa esencial de la independencia judicial y los derechos laborales.
Durante su conferencia matutina del 20 de agosto de 2024, López Obrador aseguró que la paralización no afectará a la mayoría de los ciudadanos y podría incluso "beneficiar en la lucha contra la impunidad". Según el presidente, la ausencia de jueces, magistrados y ministros en activo garantiza la no liberación de delincuentes vinculados al crimen organizado. Con ironía, expresó su única preocupación sobre un expediente de 25 mil millones de pesos que sigue sin resolverse.
Por su parte, Carlos Loret de Mola, resaltó en Loret en Latinus el 20 de agosto el impacto creciente del paro, el cual involucra a 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal. Entre los participantes de esta protesta se encuentran funcionarios de diversos cargos desde jueces y magistrados hasta secretarios y actuarios. Para el comunicador, "este movimiento de trabajadores del Poder Judicial es la oposición más eficaz y genuina frente al intento del presidente y su sucesora de eliminar los contrapesos en el poder". También mencionó la solicitud de intervención presentada por organizaciones de jueces y magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con este procedimiento se están buscando medidas cautelares por parte de los trabajadores debido a la amenaza grave hacia sus derechos laborales y la independencia judicial, refirió.
La reforma judicial promovida por Morena enfrenta otras críticas. Analistas señalan que la propuesta eliminaría la carrera judicial basada en méritos, reemplazándola por un sistema de designación aleatoria. Estos cambios, según varias fuentes incluyendo a organismos internacionales, podrían comprometer la calidad y la imparcialidad del sistema judicial. Pese a las protestas, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que el dictamen de la reforma se realizará el lunes 26 de agosto de 2024, independientemente de la continuidad del paro.
Aunque la paralización afecta a gran parte del sistema, los organizadores del movimiento aseguran la continuidad en la atención de asuntos judiciales urgentes, como los relacionados con derechos humanos, salud y violencia intrafamiliar. No obstante, la paralización que afecta a cerca del 40% del personal del Poder Judicial Federal ya está generando un impacto significativo en la vida pública de México.
López Obrador sostiene que el paro no tendrá mayores consecuencias y lo califica como una protesta injusta en defensa de un sistema corrupto. Sin embargo, para la oposición y los trabajadores judiciales, este movimiento representa una lucha legítima por la justicia y la legalidad en México. La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial crece hacia una controversia entre poderes, con más críticas de distintos sectores y menos argumentos por parte del oficialismo. (NotiPress)
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