Finalmente ocurrió, ante la inminente aprobación de la reforma constitucional que atañe al Poder Judicial de la Federación (PJF), los trabajadores de dicha instancia iniciaron un paro de labores en casi todo el país. Se trata de una institución relevante para México, ya que es el encargado de la administración de justicia, por lo que la pausa en sus labores tiene impacto en distintos ámbitos.
Bajo la premisa de externar su descontento en torno a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores indefinido. En casi 30 estados de México, jueces, magistrados y demás integrantes del PJF anunciaron que no reanudarán labores hasta que sus exigencias sean escuchadas en la Cámara de Diputados.
El hecho de que los trabajadores de la justicia prolonguen su paro podría tener varias consecuencias con los casos urgentes que deben atenderse en todo el país. Esto causará afectaciones en diferentes ámbitos, pero los principales afectados del paro judicial serían los ciudadanos y sus derechos, pues hasta que no reanuden labores, los procedimientos judiciales estarán restringidos o no iniciarán nuevos.
Estas serían las consecuencias del paro del PJF
Este paro inició gracias a la votación que tuvo el gremio, quienes decidieron con 1,202 votos a favor y 202 en contra, detener sus labores para evitar que la reforma de AMLO sea aprobada en las próximas semanas. Los más de 1,700 jueces y magistrados federales cuentan con el respaldo de organizaciones sindicales, como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Una de las primeras afectaciones que se verían con esta huelga es que todos los procedimientos abiertos tendrán un retraso debido a la ausencia del personal, lo que llevaría a una acumulación aún mayor de la que ya hay. Por ejemplo, de acuerdo con La Jornada de Oriente, en Puebla hay más de 60,000 expedientes en materia penal, administrativa y civil, los cuales se acumularán o seguirán estancados con el paso de los días sin labores de los trabajadores.
Los únicos casos en los que se seguirá dando atención por tratarse de asuntos de índole urgente son los referentes a los derechos humanos para revisar que las detenciones no se hagan arbitrariamente, vinculaciones a proceso, revisión de medidas cautelares, temas de salud y amparos para el otorgamiento de medicinas, órdenes de arresto, casos relacionados de migrantes o que pongan en riesgo el acceso a los suministros de agua y energía, entre otros.
Todo lo que no entre en la denominación de asuntos urgentes, tendrá que esperar a que los trabajadores terminen el paro, lo que restringiría el derecho de acceso a la justicia para el resto de la población de los 28 estados que ya están en paro, a expensas de que en los próximos días se sumen otras áreas del PJF.
Los trabajadores argumentan que para la atención de la ciudadanía, se mantendrán guardias para los citados asuntos urgentes, pero esto no garantiza que la mayoría de los casos vayan a atenderse. Ejemplo de lo anterior es lo ocurrido durante la pandemia por covid-19, pues entre el 2020 y el 2021, cuando hubo barreras físicas por la emergencia sanitaria, los procesos estuvieron restringidos y las deficiencias incrementaron, lo que podría repetirse con este paro.
La principal afectación para los ciudadanos de a pie es que, en términos generales, serán ellos los que queden más indefensos ante la ausencia del Poder Judicial. Y es que esta instancia es la encargada de asegurar la impartición de justicia en casos de abusos de derechos humanos o atropellos por parte de una autoridad, dando lugar a la indefensión de la gente ante una arbitrariedad.
Lo anterior se hace más notorio cuando se toma en cuenta que la ciudadanía se quedará sin el acceso a herramientas elementales de defensa como lo son los amparos. Estos son fundamentales para suspender o revertir las decisiones que toman las autoridades hasta que se resuelva el asunto de fondo, lo que beneficia desde una persona particular, hasta toda una comunidad.
En síntesis, los ciudadanos serán los más afectados por quedar completamente indefensos ante los abusos de alguna autoridad. Es por esto que en México podría vivirse una emergencia nacional de impartición de justicia en el que los derechos humanos, económicos, de salud y sociales de las personas no tendrán al organismo garante de que sean respetados.
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