Con los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 2 de junio, la Cuarta Transformación será capaz de implementar el llamado “Plan C”, con el que podrán hacer las modificaciones constitucionales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos incluyen la controvertida reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), instancia criticada por sus resoluciones en los últimos días.
En semanas recientes el Poder Judicial ha sido criticado severamente por las decisiones que toman jueces de diferentes niveles, principalmente con la liberación de personajes polémicos. Presuntos feminicidas, políticos señalados de abusar de su poder y torturar a defensores de derechos humanos, son sólo algunos de los perfiles que han quedado en libertad por la resolución de jueces.
A partir del próximo 1 de septiembre, la 4T contará con la mayoría de senadores y diputados federales para hacer tal modificación al PJF, que incluye la elección de juzgadores mediante el voto popular. En un contexto donde los jueces dejan libres a los presuntos autores de delitos, esta iniciativa ha cobrado más relevancia para la impartición de justicia en México.
Las polémicas resoluciones de los jueces en México
En lo más reciente, una de las resoluciones más criticadas de los últimos días es la del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de abuso de autoridad, tortura y protección de redes de pederastia. El 10 de agosto la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez decidió cambiar las medidas cautelares de Marín, con lo que abandonó el penal del Altiplano y consiguió el arraigo domiciliario.
A él se le adjudican los tres delitos por la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, luego de que esta evidenciara una red de pornografía infantil. La madrugada del 14 de agosto, el exgobernador fue recluido en su casa en la colonia Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, donde permanecerá por el resto de su proceso penal y es monitoreado con un brazalete electrónico.
Algo más se cuestionó en la decisión de mandar al exgobernador a su casa, es que la decisión se tomó un sábado, día en que ni ministerios públicos (MP) ni fiscalías laboran para impedir tales atropellos, lo que se coloquialmente han llamado un “sabadazo judicial”.
Otro implicado que también estuvo preso y recobró su libertad días antes que Marín fue Hugo Adolfo Karam Beltrán, a quien un juez le cambió las medidas cautelares el 6 de agosto para abandonar la prisión en Cancún, Quintana Roo. A él lo detuvieron en julio del 2023 en Veracruz por su colaboración en la tortura de Lydia Cacho, pues en ese momento era jefe de la Policía Judicial del estado.
Al igual que Marín, Karam Beltrán todavía no está libre de ninguno de los cargos que se le imputan y tiene otras medidas como la firma mensual y la prohibición de salir del estado. Sin embargo, logró recuperar parcialmente su libertad gracias a un amparo promovido por su defensa y otorgado por instancias judiciales.
Ayer se dio otro caso similar, pero en esta ocasión el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió de todos los cargos a Juan Antonio Vera Carrizal, quien es investigado por el intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos, a quien presuntamente ordenó atacar con ácido en 2019. Dicho juzgador ordenó dejar en libertad inmediata al presunto agresor de Malena y a otros dos supuestos cómplices, pero rápidamente la decisión fue revertida.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca declaró inválida la boleta de libertad con la que Vera Carrizal quedaría en libertad esa misma noche, por lo que permanecerá en prisión. Asimismo, se determinó abrir una investigación en contra de Gabriel Ramírez Montaño por dejar desprotegida a la víctima frente a su agresor, y por inconsistencia en el fallo que casi deja en libertad al presunto agresor.
Si bien estos son los casos más sonados, no han sido los únicos donde los jueces dejan en libertad a los presuntos responsables de algún ilícito. Prueba de ello es el fallo que emitió el juez Gerardo Jesús Romero Castro el 15 de julio en el Estado de México, quien dejó ir a tres policías de Coacalco que presuntamente hicieron un secuestro exprés en el que le robaron 51,000 pesos a un automovilista.
Otro escenario similar fue el de César Nava González, quien fungió como subdirector de la policía municipal de Cocula, Guerrero, y presuntamente participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Juan Ramón Barreto López determinó que César Nava estaba previamente absuelto de los cargos por los que se le pretendían juzgar, por lo que ordenó liberarlo el pasado 25 de julio.
Con este tipo de decisiones, los integrantes de la 4T argumentan que es necesaria la reforma al Poder Judicial, pues se ha vuelto común que los jueces liberen a los presuntos delincuentes, obstruyendo la impartición de justicia en México. Si bien nada garantiza que esto no ocurra con la elección de jueces por voto directo, sí genera la percepción de que es necesario cambiar a los jueces del país.
Y es que con cada resolución polémica, surgen señalamientos resaltando la importancia de cambiar la actualidad del PJF, aunque no se contemplan modificaciones en las fiscalías o los ministerios públicos, que son las instancias encargadas de la procuración de justicia.
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