“Reforma Judicial busca control, no mejorar el acceso a la justicia”: jueza

En el “Foro Reforma Judicial”, Javier Martín Reyes y la jueza Blanca Lugo coincidieron en que la reforma al poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no busca mejorar el acceso a la justicia, sino el control de dicha instancia. Legisladores federales del PAN advirtieron que tal proyecto pavimentará el camino para que México sea como Venezuela.

Javier Martín, investigador de la UNAM, explicó que la reforma al poder Judicial que propuso AMLO no busca mejorar el acceso a la justicia en México, sino controlar el último poder que le falta. Detalló que. si el objetivo fuera el acceso a la justicia, se centraría en mejorar otros aspectos, como disminuir las tasas de impunidad.

Explicó que las personas que cometen un delito ni siquiera pisan la cárcel porque las policías municipales y estatales, así como la Guardia Nacional y las fiscalías no hacen una buena investigación. Agregó que tampoco hay un acceso equitativo a los procesos, pues la mayoría de las personas no pueden costear un abogado y las defensorías públicas son insuficientes.

“Todo eso lo podría plantear una reforma que realmente quiera mejorar el acceso a la justicia y, sin embargo, no hay nada de eso en esa iniciativa. No se dice nada de los policías, ni de las defensorías públicas”, acotó.

Por el contrario, coincidió en lo que dijo en un foro regional el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quién refirió que la iniciativa obedece a que el presidente busca venganza y control sobre el poder Judicial debido a las resoluciones que han emitido y no le favorecen.

Mencionó que la elección de jueces por voto popular no es para mejorar el sistema o el actuar de dichos servidores públicos, sino para que los legisladores del oficialismo sean los que propongan a los candidatos y, en consecuencia, estén alineados al poder.

En la misma sintonía estuvo Blanca Lugo, jueza del Juzgado Cuarto de Distrito, quién apuntó a que la idea de elegir a jueces, ministros y magistrados en las urnas no soluciona problemas como la inseguridad. En cambio, dijo que la reforma tal y como está planteada hoy no abona al acceso a la justicia, sino que vulnera los derechos humanos.

Sostuvo que el poder Judicial, y los jueces puntualmente, son el último escalón en el que recae la justicia, pues antes se tiene que pasar por las instancias de procuración. Afirmó que quienes adjudican los niveles de inseguridad al poder Judicial se equivocan, toda vez que lo ideal es que se prevenga la comisión de ilícitos, algo que le compete en su totalidad al Ejecutivo.

“Esa es la excusa, que si cambiamos el voto popular por los jueces, ya con eso se soluciona el problema, pero no es así”, dijo. Reiteró que el verdadero interés de la reforma es controlar al poder Judicial, pues si se les destituye y se colocan a nuevos, estos serán elegidos por su afinidad al poder.

En el espacio, los diputados federales del PAN, Mario Riestra Piña y Carolina Beauregard Martínez, así como el legislador local Osvaldo Jiménez, mencionaron que este proyecto pone en riesgo la autonomía del poder Judicial y encamina a México a un destino como el de Venezuela.

Riestra argumentó que este plan no busca hacer más eficiente la impartición de justicia, pero tampoco busca combatir la corrupción, sino más bien supone una venganza contra un poder que no se ha sometido al presidente y que incluso le ha resultado incómodo en varias resoluciones.

Por su parte, Beauregard y Jiménez coincidieron en que, de seguir así, México corre el riesgo de seguir el mismo camino que Venezuela, donde no haya independencia Judicial y el gobierno y partido controlen todo, incluso los procesos y tribunales democráticos. Si bien se dijeron a favor de un cambio judicial, no como lo está planteando el presidente actualmente.