En la mira de la 4T, esto son los organismos autónomos constitucionales

El 5 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de 18 reformas constitucionales y dos de leyes secundarias, entre las que se incluye la desaparición de distintos organismos autónomos. Con los resultados electorales del 2 de junio, Morena y sus aliados obtuvieron la mayoría calificada para concretar la eliminación de dichas instituciones.

Gracias a la obtención del llamado “Plan C”, Morena, PT y el Partido Verde contarán con la mayoría calificada a partir del 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, lo que les da la facultad de hacer los cambios constitucionales que requieran. Antes de eso, los legisladores ya tienen el dictamen para la discusión y posterior aprobación, con el que dirán adiós un total de siete organismos autónomos.

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso alistó el dictamen de reforma constitucional para que dichos organismos desaparezcan de la Carta Magna y sus labores las asuma el poder Ejecutivo. Este tipo de instituciones son relevantes para mantener equilibrios en el poder, garantizar derechos y especialización, además de que su existencia no está subordinada de ningún poder.

Los organismos autónomos constitucionales en México son las instituciones cuya existencia está sustentada en la Constitución Mexicana. Gozan de autonomía e independencia presupuestal, patrimonial, operativa, técnica, de gestión y en la administración de sus recursos, esto gracias al hecho de que no dependen de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.

Estos organismos tienen una función fundamental, que es asegurar la imparcialidad, eficiencia, especialización y transparencia en los organismos bajo el control del resto de poderes del estado. Además, tienen el deber de garantizar que se cumplan los derechos en diferentes aspectos de la vida pública, como lo es el acceso a la información, competencia económica, derechos humanos y democracia.

Cada organismo cumple una función especializada, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya labor es garantizar el derecho a la información y la protección de datos personales. El Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a buen puerto los procesos democráticos del país, mientras que el Banco de México (Banxico) se encarga de regular el sistema financiero y la estabilidad de la moneda nacional.

Sumado a los anteriores, existen otros como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Fiscalía General de la República (FGR), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

También hay otros considerados autónomos que cumplen funciones reguladoras o que están adscritos a una dependencia del Ejecutivo, como lo es la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), o la Comisión Nacional de Banca y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o las comisiones Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Si bien no son dependientes de los poderes de la unión, sus actuaciones, así como sus resoluciones sí están sujetas a revisión por parte del poder Judicial. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tiene facultades para nombrar o remover a los integrantes de organismos como la FGR, la CNDH, el INAI o los consejeros del INE, esto mediante propuestas del presidente o de los senadores.

Estos organismos son importantes porque sirven para garantizar el equilibrio entre las funciones de los poderes del estado. En situaciones de abuso de los derechos humanos, por ejemplo, es menester de la CNDH revisar los casos y garantizar la reparación del daño. Si hay opacidad por parte del gobierno, el INAI tiene la encomienda de garantizar la transparencia y el acceso a la información.

La relevancia de su desaparición

Con el dictamen que se prepara en la Cámara de Diputados, la 4T se alista para la desaparición de siete organismos: el INAI, el IFT, la Cofece, el Coneval, la CRE, la CNH y el Mejoredu. Aunque algunos como la Cofece han sido criticados por la poca eficiencia en su actuar, otros como el Coneval o el INAI son importantes para la evaluación de los programas de gobierno y el acceso a la información y protección de datos personales.

Si estos u otros llegaran a desaparecer, se perderían entidades especializadas para la supervisión de las funciones del gobierno, toda vez que dichos organismos están diseñados para regular áreas de acuerdo con un área específica. Por otra parte, los derechos son más susceptibles de vulneración por parte del gobierno, pues hay menos protección desde un organismo no subordinado al poder Ejecutivo.

Ante la desaparición de los organismos autónomos, el oficialismo insiste en que las funciones de estos las pueden asumir otras dependencias, como la Secretaría de la Función Pública (SFP) en lugar del INAI. No obstante, esto da pie a una mayor concentración de facultades en favor de un poder, pues al no haber contrapesos, no hay nadie que llame la atención al Ejecutivo o Legislativo en casos de falta de transparencia o violaciones a los derechos humanos.