Con un fallo histórico, la jueza Nina Morrison del Distrito Este de Nueva York dictaminó que las búsquedas de teléfonos celulares en la frontera deben ser consideradas "no rutinarias". A pesar de la insistencia de las autoridades, quienes argumentaban que la Cuarta Enmienda no aplicaba en estos casos, la corte determinó el derecho a la privacidad en los límites nacionales.
Durante años, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aprovechó vacíos legales para obligar a los viajeros a entregar los datos de sus dispositivos electrónicos sin orden judicial, argumentando se trataba de registros en busca de contrabando. Según la jueza Morrison, la revisión de un teléfono celular es comparable a un registro corporal, diferenciado de inspecciones comunes como el escanear de maletas o pasar a los viajeros por detectores de metales.
Aunque detener el contrabando es legítimo, la jueza señaló que los beneficios de registrar datos almacenados en dispositivos electrónicos no son tan claros como los de revisar equipajes físicos. Morrison subrayó que buscar en los datos de un teléfono es similar a leer la mente de una persona, teniendo un impacto en la privacidad.
En ese sentido, este fallo indica que cualquier búsqueda de un teléfono celular en la frontera deberá contar con una causa probable y una orden judicial. Además, la jueza no hizo distinción entre revisar el contenido de un teléfono manualmente o utilizando software especial. Sin embargo, la decisión destacó las implicaciones de la Primera Enmienda, especialmente en casos donde los teléfonos de periodistas fueron inspeccionados.
Informes de The Intercept y VICE fueron citados para ilustrar cómo estas prácticas ponen en riesgo fuentes confidenciales y afectar la libertad de prensa. La sentencia de Morrison se suma a una serie de fallos donde limita la capacidad del gobierno a registrar dispositivos electrónicos de los viajeros.
Por lo tanto, algunos tribunales en los circuitos 4º y 9º ya habían determinado que la Patrulla Fronteriza necesita al menos una "sospecha razonable" para registrar teléfonos celulares. Un fallo del 2023 en el Distrito Sur de Nueva York estableció no se puede copiar y registrar el teléfono móvil de un ciudadano estadounidense en la frontera sin una orden judicial, salvo en circunstancias excepcionales.
No obstante, el caso llevó a la decisión donde involucró a Kurbonali Sultanov, un ciudadano estadounidense acusado de descargar pornografía infantil cuando regresaba de Uzbekistán. Allí, oficiales del Departamento de Seguridad Nacional revisaron el teléfono donde encontraron imágenes pero, la jueza Morrison suprimió las pruebas obtenidas de la búsqueda del teléfono. Pese a esto, la jueza no excluyó una declaración "espontánea" de Sultanov admitiendo haber descargado los vídeos.
A pesar de esto, los oficiales obtuvieron una orden judicial para registrar el teléfono de repuesto de Sultanov, este caso evidenció el abuso de autoridad para utilizar vacíos legales y eludir requisitos judiciales. De la misma forma, en Nueva York, se registró el celular a Jatiek Smith, miembro de la banda Bloods, sin orden judicial y, aunque las pruebas fueron eliminadas, Smith fue condenado. (NotiPress)
