El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este jueves por falta de pruebas que los militares hayan participado en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de magisterio de Ayotzinapa, hace casi diez años, en respuesta a una carta de las familias de los jóvenes que culpan al Ejército.
"Hasta el día de hoy no tengo pruebas de que haya intervenido en la desaparición de los jóvenes el Ejército, y eso les molesta mucho a los que sostienen esta versión, pero yo siempre digo lo que pienso y tengo las pruebas de que no ha habido nada más que versiones sin pruebas", dijo el jefe del Ejecutivo a periodistas.
López Obrador anunció que publicará en las páginas oficiales la documentación completa que les remitió a los familiares de las víctimas, quienes en su misiva afirman que se sienten "engañados y traicionados" por el mandatario.
La carta de las madres y padres de los jóvenes desaparecidos responde al informe que les adelantó el jefe del Ejecutivo y será puesto disposición de la opinión pública.
"Existen numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el Ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos ese fatídico 26 de septiembre de 2014. Eso es una verdad irrefutable", dice la misiva de las familias dirigida al presidente.
El gobernante anunció que se reunirá con las familias y abogados de las víctimas el próximo lunes.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE
López Obrador sostiene que las versiones que involucran a los militares provienen de testigos protegidos o escuchas de la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés) grabadas tres meses antes de los hechos en el estado de Guerrero, cuando dos delincuentes daban dinero a un coronel que ahora es general y está en la cárcel.
Agregó que hay otro general acusado por el presunto delito de omisión en el caso, y unos 20 integrantes del Ejército procesados, mientras los demás militares imputados fueron liberados.
Las familias de las víctimas aseguran que la participación del Ejército es "una verdad irrefutable".
En la carta califican al informe emitido al final del mandato de López Obrador como "muy confuso, repleto de inconsistencias, descalificaciones varias que realiza".
Además, cuestionan que los ataques verbales del mandatario están dirigidos no solo a sus abogados, "sino también hacía defensores de derechos humanos, a periodistas reconocidos de talla internacional, funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de EEUU".
Los familiares deploran que el gobernante considere que esas figuras son culpables de enredar el caso Ayotzinapa "para en cambio lavarle la cara al Ejército y omitir la de otros personajes responsables".
Asimismo, consideran que el presidente "desde la silla presidencial, sin fundamento real" intenta darles "un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña, que no cumplió al término de su sexenio".
En ese sentido recuerdan las reuniones que mantuvieron durante su campaña electoral, en las que prometió resolver este crimen de lesa humanidad, con verdad y justicia.
"Sencillamente no quiso cumplir. No solo nos falló a nosotros sino también a todo el pueblo de México, el cual también ingenuamente le creyó en algún momento. No se puede justificar lo injustificable", dicen en la carta.
Finalmente, le recuerdan al mandatario que ellos son las víctimas de este caso.
"Nos gustaría recordarle presidente, por si también lo ha olvidado, que la víctima no es usted, sino somos nosotros los que perdimos a nuestros hijos a causa de un crimen de desaparición forzada, crímenes que por cierto se han incrementado como nunca en la historia de nuestro país, así como el alza de la delincuencia organizada", sentencian.
A casi 10 años de las desapariciones -que se cumplen el próximo 26 de septiembre-, sólo tres jóvenes han sido identificados mediante pruebas genéticas a huesos calcinados hallados cerca de la ciudad de Iguala, Guerrero (sur) donde ocurrieron los hechos.
Según la fiscalía, los alumnos que viajaban en cinco autobuses fueron atacados a balazos en Iguala por patrullas de policías de cinco municipios de Guerrero, que detuvieron a 43 estudiantes y los entregaron al grupo criminal narcotraficante Guerreros Unidos, que los asesinó.
Una hipótesis judicial considera que los alumnos ignoraban que uno de los autobuses que "ocuparon" para viajar a una manifestación en la capital del país estaba cargado con droga con destino a Chicago, EEUU.