El Gobierno argentino presentó este miércoles un proyecto de ley para implementar el juicio en ausencia en casos en los que se diriman graves delitos del Código Procesal Penal.
"Vamos a promover en el Congreso este debate con la Constitución, la ley y la justicia en la mano", sostuvo durante una rueda de prensa el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con su par en Seguridad, Patricia Bullrich.
Esta iniciativa establece la posibilidad de juzgar en ausencia a un imputado prófugo de la justicia si está acusado de los siguientes delitos: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
El proyecto también abarcará los delitos de desaparición forzada de personas, de tortura u otros que impliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se incluirán los delitos de financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
"Si el imputado no comparece o se fuga, seguirá el juicio sin su presencia con una defensa bien resguardada", explicó Cúneo Libarona.
El juicio en ausencia se desencadenará contra un imputado prófugo una vez transcurran cuatro meses desde el dictado de su orden de captura.
Si un imputado se diera a la fuga en pleno juicio, el debate oral continuará con los demás imputados presentes y se suspenderá en el caso del imputado rebelde, que será luego juzgado en ausencia.
Si el prófugo compareciera durante el juicio en ausencia, le asiste el derecho a ser oído, y solo después de la sentencia condenatoria, podrá solicitar la realización de un nuevo juicio en caso de que no hubiera tomado conocimiento del proceso en su contra o si alega un grave impedimento.
Con esta iniciativa, "se debe terminar con esa costumbre de los juicios en los cajones y archivos", consideró el ministro de Justicia.
Este nuevo mecanismo procesal, que obliga a grabar los juicios en ausencia por medios audiovisuales, es "un paso importantísimo en la igualdad de toda víctima frente a la justicia", valoró por su parte la ministra de Seguridad.
El Gobierno presentó en marzo un nuevo Código Procesal Penal Federal que impulsa el juicio por jurados y otorga a los fiscales más herramientas para llevar adelante investigaciones contra crímenes complejos.
