Morena y su insistencia de criminalizar la protesta social, a pesar de ser inconstitucional

Tanto en el 2006 como en el 2012, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer la victoria de sus contrincantes, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. AMLO protestó contra el supuesto fraude electoral del 2006 haciendo un plantón en avenida Reforma en la Ciudad de México, aunque hoy su partido pretende criminalizar este tipo de protestas sociales.

El diputado Fernando Sánchez Sasia, de Morena, presentó una iniciativa con el fin de reformar el Código Penal del Estado para castigar con cuatro años a quienes por sí mismos o con ayuda de medios materiales, bloqueen, cierren, detengan, limiten, desvíen o intercepten el tránsito vehicular en vías públicas. Se agrega un párrafo al artículo 188 y se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Durante su exposición de motivos, el legislador morenista expuso que el cierre de las calles y vialidades no es una forma válida para la solución de conflictos, sino el diálogo y el respeto entre las personas. Esta iniciativa surgió después de que varios taxistas cerraron la carretera Puebla-Atlixco para exigir justicia por el asesinato de un operador en dicho municipio el pasado 2 de julio.

Por si fuera poco, la iniciativa de Sánchez Sasia también contempla sanciones de tres a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 325 o 3,257 pesos por cerrar total o parcialmente una vialidad en medio de una protesta. El legislador puntualizó que si bien la gente tiene derecho a manifestarse, no se debe permitir el caos que generan los bloqueos.

Esta no sería la primera ocasión que los representantes de la 4T proponen un bloqueo, ya que en 2019 el Congreso local de Tabasco aprobó una iniciativa similar del entonces gobernador de Morena, Adán Augusto López Hernández. El proyecto planteado por el exmandatario consistía en penas de hasta 20 años de prisión por el cierre de las vías de comunicación, a quienes ejerzan violencia o usen a menores de edad en estas movilizaciones.

Han sido los militantes de Morena los que quieren imponer penas a las protestas sociales, aunque esta fue una de las herramientas con las que nació el partido que hoy está en el poder. En 2006 AMLO cerró Reforma desde el 30 de julio hasta el 15 de septiembre, causando pérdidas de más de 3,000 millones de pesos en la zona y provocando el cierre de numerosos comercios que se ubicaban en dicha avenida.

Este tipo de reformas, ya sean a nivel local o nacional, además de ser una forma de criminalización de las movilizaciones sociales, también son inconstitucionales porque se contraponen al derecho a la libre manifestación que está respaldado en la Constitución Mexicana.

El artículo sexto de la Carta Magna señala que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, sólo en caso de que haya “ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Las marchas y protestas en las que se bloquean vialidades no pueden traer consigo una pena o sanción económica.

Casos como el de la reforma de Tabasco hace cinco años han servido para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita diversas acciones de inconstitucionalidad sobre las limitaciones de las protestas. En 2019 el máximo tribunal de justicia determinó en la acción de inconstitucionalidad 91/2019 y sus acumuladas 92/2019 y 93/2019 invalidar la llamada “Ley Garrote”.

El mismo caso ocurrió con las acciones 96/2014 y 97/2014 promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del DF en torno a la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Esta también tenía como objetivo restringir los derechos a la libertad de expresión y a la reunión en un contexto de protesta social.

La Red TDT en defensa de los derechos humanos, publicó un informe en el cual detallan que en los últimos años se ha buscado la criminalización de la protesta social a través de la legislación a nivel local y federal. Estado como Quintana Roo, San Luis Potosí, la Ciudad de México, en lo más reciente Tabasco y ahora Puebla, son las que más se han centrado en restringir el derecho a la manifestación.

Aunque algunas de las iniciativas se presentan con la premisa de evitar el “caos” que generan los bloqueos, la realidad es que coaccionan la expresión de las ideas y la asociación de personas para manifestarse públicamente, al criminalizar con penas de prisión a quienes impidan el tránsito vehicular, o bien, a quienes no permiten los trabajos en obras privadas o públicas.