La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se presentará en septiembre ante el Congreso, ha generado un amplio debate en México; al respecto, Agustín Guerrero Castillo, secretario general de Morena en Puebla, abordó uno de los puntos que ha causado controversia: la postulación de los candidatos a jueces.
Y es que la reforma incluye entre otras cosas el mecanismo de elección para renovar el Poder Judicial a través del voto universal y ya no se haga de manera directa a través del Congreso.
Al respecto, en entrevista con Imagen Poblana, el morenista dijo que el modelo actual es de toda la vida, es del siglo pasado, es una facultad del presidente de la República presentar las propuestas al Senado y el Senado con dos terceras partes, hace los nombramientos de magistrados, consejeros y jueces.
En esta reforma que plantea una elección directa de jueces y magistrados, dijo, también se aborda, dentro del capítulo de la exposición de motivos de dicha iniciativa, los requisitos estrictos que deben cumplir los aspirantes a ocupar uno de estos cargos, "para que quien aspire no sea la primera persona que va por la calle", sino que deba cumplir no únicamente con una trayectoria académica, sino también de conocimientos, experiencia y acreditación pública de un buen nombre; tomando en cuenta que serán los encargados de impartir la justicia entre sociedad e instituciones.
Guerrero Castillo precisó que estos requisitos van más allá de los que ya establece actualmente la Constitución para ser magistrado y ministro, prevaleciendo principalmente la experiencia y el buen nombre de los aspirantes.
El morenista aseguró que está reforma otorgará beneficios significativos a la sociedad, asegurando que lo que se llevará a cabo es una revisión de todo el sistema de impartición de justicia y no solamente de la integración de los órganos como la SCJN o de la Judicatura Federal, que también se plantea su desaparición y la integración de dos órganos, uno jurisdiccional y otro administrativo.
"Es una reforma de fondo, pero tiene que ver con otra institución fundamental de la justicia en México que es el ministerio público, la defensoría de oficio, los tiempos de los procesos judiciales y su resolución”, afirmó.
Y es que aseguró que actualmente hay malas prácticas, incluso anticonstitucionales, en las que no se respetan los tiempos dentro de un proceso judicial, existiendo muchos casos en que hay personas que llevan 10 o 15 años en la cárcel esperando una sentencia, cuando la Constitución establece que el plazo máximo es de un año para que una persona que está sujeta a proceso, reciba una sentencia confirmatoria o absolutoria.
"Y aquí eso no existe, tenemos las cárceles llenas de gente que no tiene sentencia. Y están a la espera de que a un juez se le ocurra resolverlo en definitiva, pero los jueces alargan los juicios porque lo ven como un negocio, porque hay gastos de la defensa y de la fiscalía, es un modo de vida y es un modus operandi de una justicia corrupta o de jueces corruptos", sentenció.
Por ello, el secretario general argumentó que la reforma judicial propuesta por López Obrador busca poner límites a este tipo de acciones, contemplando que si el juez, que tiene la obligación de resolver un proceso en un determinado tiempo y no lo hace, pueda ser removido o destituido del cargo y además debe reparar el daño.
Asimismo, Agustín Guerrero mencionó que se busca un rediseño del Poder Judicial, ya que el que existe actualmente no le rinde cuentas a nadie, asegurando que es un poder que opera en la impunidad.
En este contexto, el morenista sostuvo que la reforma al Poder Judicial plantea la separación de los temas administrativos de los temas judiciales, además prohíbe que los jueces sean promotores y controladores de las instancias administrativas del Poder Judicial.
Recordó que en el 2020, ya se aplicó esta medida en Puebla, cuando el entonces gobernador Miguel Barbosa presentó una iniciativa en el Congreso con la cual se dividió el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.
"Algo así se plantea esta reforma, que por primera vez tengamos un órgano jurisdiccional distinto a los integrantes de la SCJN y que sean los encargados de revisar, validar y auditar la conducta jurisdiccional de los jueces. Que tan legales son sus sentencias y apegadas a la Constitución, al código de procedimientos legales, eso nos beneficia a todos", afirmó.
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