27 meses después, el Congreso inicia trabajos para reconocer las infancias trans

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local discutió la reforma al Código Civil del Estado para el reconocimiento de las infancias trans. Este es un mandato que viene desde el 2022 por una acción de inconstitucionalidad dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto a más de dos años de que se emitió dicha acción que ordenaba trabajar en la materia.

La comisión discutió dos iniciativas en la materia, una propuesta por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, y una más de la diputada Azucena Rosas Tapia de Morena. En ambos casos, se elimina el requisito de mayoría de edad para cambiar el género autopercibido en el acta de nacimiento y se deja libre sin restricción de edad.

El proyecto inició el 26 de abril del 2021 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad por una reforma al Código Civil en el artículo 875 Ter, fracción segunda. El Congreso fue notificado el 17 de marzo del 2022 de que debían modificar el código por el mandato de la acción de inconstitucionalidad 73/2021.

La primera propuesta de Mónica Silva, consiste en una reforma al Código Civil en los artículos 875 Bis y Ter, para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento de acuerdo a la identidad de género autopercibida. Con esto, se modifica el requisito de tener 18 años cumplidos para hacer este cambio.

En este caso, los menores tendrían que solicitar la nueva acta a través de quienes ejerzan su patria potestad o, en caso de que no sea posible o haya oposición, deberán acudir a la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

En tanto, la de Azucena Rosas agrega el artículo 875 Quater para que los NNA estén facultados para pedir una nueva acta de acuerdo a su identidad de género autopercibida. En este caso se prevé que los menores serán acompañados de sus tutores y de la Procuraduría de Protección de los Derechos de los NNA, siendo esta la solicitante si los padres o tutores no hacen el acompañamiento.

Estos avances se dan a más de 27 meses de que el Congreso local fuera notificado de la resolución de la SCJN. El 14 de febrero del 2023 recibieron el primer requerimiento de avances y el 17 de marzo del 2023 venció el término para solventar la acción de inconstitucionalidad, aunque para el 21 de noviembre hubo un segundo requerimiento.

Este año el tercer requerimiento se dio el 10 de junio, más de dos años después de la resolución, fecha en que se avisó al Legislativo poblano que no tenían avances sustanciales para solventar la acción de inconstitucionalidad, ya que sólo se centraban en la presentación de iniciativas.

Eduardo Alcántara Montiel, presidente de la comisión, detalló que esta es la primera sesión de trabajo en torno al mandato judicial, pero los avances dependerán de dos vertientes: lo político y lo jurídico. En el primer punto, es menester de los grupos legislativos hacer el cabildeo para llegar a un consenso.

En cuanto a lo jurídico, el diputado externó que es cuestión de hacer un dictamen que cumpla con los ocho puntos que la Suprema Corte les solicitó. Sostuvo que, de no hacerlo así, corren el riesgo de hacer una iniciativa que se apruebe y luego sea impugnada por ser, de nuevo, contraria al mandato constitucional.

“El proceso legislativo empieza con la iniciativa, estudio, discusión y dictaminación, para llegar en su momento a la aprobación en el pleno y llegar a la publicación en el Periódico Oficial”, dijo Alcántara.

Asimismo, detalló que todavía están a tiempo de terminar el proyecto antes de que termine la LXII Legislatura el 14 de septiembre; sin embargo, la última sesión ordinaria se llevará a cabo el 15 de julio, por lo que no descarta que se tenga que llevar a una sesión extraordinaria.