Edil de Acteopan estaba ebrio cuando asesinó a su esposa: FGE

Edil de Acteopan estaba ebrio cuando asesinó a su esposa: FGE

Foto: Enfoque

La fiscal de delitos contra las mujeres, Margarita Garcidueñas Cuellar, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el asesinato de María Elianet Sandoval como feminicidio. Los hechos ocurrieron el 21 de junio cuando su esposo Álvaro Tapia Castillo, edil de Acteopan, la arrolló con una camioneta del DIF municipal del que ella era presidenta.

 

Garcidueñas Cuellar informó que fue en la calle Vicente Guerrero donde la policía municipal de Izúcar de Matamoros dio parte de la agresión a la presidenta del SMDIF de Acteopan. En la investigación se obtuvieron videos en los que se observa cómo el edil agrede a su esposa, para luego arrollarla con el vehículo oficial que a la postre le causó la muerte en el hospital de dicho municipio.

 

 

María Elianet y Álvaro Tapia estaban en Izúcar recogiendo despensas, pero debido a que el alcalde manejaba en estado de ebriedad, su esposa le pidió manejar con precaución, siendo este el motivo que detonó en insultos, golpes y el atropellamiento que terminó con su vida. Dada la intencionalidad de los hechos, la FGE investiga el caso como un feminicidio.

 

Sin embargo, desde ese momento hasta la fecha, no se tiene conocimiento del paradero de Álvaro Tapia, el presidente municipal de Acteopan, ya que se dio a la fuga abandonando el vehículo del DIF tras asesinar a su esposa, María Elianet.

 

FGE pide no eliminar prisión preventiva oficiosa

 

Por otra parte, el fiscal Gilberto Higuera Bernal, dio a conocer que el viernes 21 de junio hubo una reunión de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, donde se abordó el tema de la prisión preventiva oficiosa (PPO) junto a otros fiscales del país. Dijo que en la reunión se discutieron los motivos de por qué el poder Judicial no debe eliminar tal figura penal.

 

 

En primer lugar, Higuera Bernal sostuvo que la PPO está sustentada en la Constitución Mexicana, por lo que sólo se debe modificar en caso de que así lo determine el poder Legislativo y no un órgano internacional. Es por esto que, por consenso general, los fiscales piden no eliminar la PPO, pues además supondría la liberación de miles de imputados.

 

“En esos casos de acciones de inconstitucionalidad, estamos pidiéndole al poder Judicial que resuelvan con la responsabilidad que se requiere. No permitamos que las víctimas se pongan en riesgo por una liberación que podría ocurrir, no en un sólo evento, de más de 60,000 imputados”, sentenció Higuera Bernal.

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