Desde el 5 de febrero de este año, uno de los principales proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador son sus 20 reformas constitucionales, entre las que se incluye una al Poder Judicial de la Federación (PJF). Uno de los principales cambios que propone el jefe del Ejecutivo es que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto popular.
En México la elección de ministros de la SCJN es por nombramiento, es decir, el presidente manda una terna de candidatos a la Cámara de Senadores, donde se requiere la aprobación de dos terceras partes para elegir a un ministro. Si no hay consenso, el presidente podrá designar a un ministro de entre los tres que propuso, esto de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Mexicana.
La elección de los jueces de la SCJN es lo que más ha causado controversia en la reforma al PJF, ya que la votación directa de la gente es un modelo que casi no se usa en otros países del mundo. En febrero AMLO no tenía la mayoría en el Congreso para esa y otras reformas, pero después de los resultados del 2 de junio el panorama cambió y ahora tiene los elementos para cambiar la Constitución.
Países donde eligen jueces federales por voto directo
En todo el mundo, en la mayoría de los países eligen a sus ministros mediante nombramiento, otros con pruebas en las que se prioriza saber el conocimiento de los candidatos, y solamente en un país se utiliza el método de elección por voto para la elección de los jueces federales: Bolivia.
Lo anterior es una realidad gracias a una reforma hecha por el entonces presidente, Evo Morales, quien en 2011 se convirtió en el primero en elegir a jueces federales por el voto directo de la gente. Morales, al igual que hoy lo refiere López Obrador, sostenía que el poder Judicial estaba cooptado por las élites, por lo que se requería una reforma para hacerlo más transparente y accesible.
En la primera elección del 2011, la Asamblea Legislativa hizo una preselección de 116 candidatos para un total de 56 puestos, de los cuales 28 eran titulares y los otros 28 eran suplentes. A diferencia de otro tipo de elecciones, los aspirantes para jueces no pueden hacer campaña y publicitarse, ya que sólo el Órgano Electoral de Bolivia está autorizado para difundir información de los candidatos.
La primera parte fue la inscripción a la convocatoria que tenía requisitos como ser bolivianos de nacimiento, cumplir con el servicio militar, tener 35 años, título como abogado, haber ejercido o dado cátedra por al menos diez años, y ser parte del padrón electoral de Bolivia. Además, los postulados no debían tener una condena previa y no estar señalado por los casos de incompatibilidad que dice la ley.
Una vez que se tenían a los interesados, la Asamblea Legislativa Plurinacional debía filtrar a los mejores perfiles, siendo esta parta la que más despertó críticas en los opositores. Dado que la mayoría de los integrantes eran del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), la mayoría de los preseleccionados estaban alineados al régimen de Evo Morales.
Por si fuera poco, tampoco hubo demasiada difusión por parte del Órgano Electoral, por lo que no todos los electores tuvieron acceso a la información adecuada sobre por quiénes iban a votar. En ese entonces los medios de comunicación no difundían nada sobre los candidatos, por lo que se vio una baja participación y muchos votos nulos o en blanco, sumando casi el 60 % de los votos.
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Para los siguientes procesos hubo más cambios en el proceso, ya que se redujo el número de postulantes y preseleccionados, mientras que se asignaron los recursos necesarios para darle difusión al proceso. Dado que las elecciones se hacen cada seis años, en 2017 el número de candidatos fue de 96 que irían a 26 puestos, además de que se asignaron más de 18 millones de dólares para la propaganda, aunque se siguió sin una campaña como tal.
¿Esto cambió la forma de impartir justicia?
Aunque esto se planteó como una forma de cambiar la forma de impartir justicia, en los hechos, persisten varios vicios que afectan a las víctimas y prolongan el control político sobre el poder Judicial. Por ejemplo, en el primer proceso se determinó que no se evaluaban completamente los méritos de los candidatos e imperaba el clima político y partidista para la selección de perfiles que irían a las urnas.
Por otra parte, con la elección de los jueces mediante el voto directo tampoco se evitó la corrupción entre los jueces. Con corte hasta el 2022, el Consejo de la Magistratura de Bolivia retiró de sus funciones a 11 jueces y le abrió procesos a otros siete, en la mayoría de los casos por supuestas implicaciones de corrupción y mal desempeño.
Uno de los casos más sonados fue el del juez que liberó a Richard Choque Flores, un hombre que ya tenía sobre sí una sentencia de más de 30 años por feminicidio. Tras recuperar la libertad en 2019, el feminicida cometió otros dos feminicidios y otros abusos sexuales, por lo que el juez que ordenó su liberación, elegido por el voto directo, fue arrestado en 2022.
Además, también criticaron la legitimidad de los jueces porque en elecciones como la del 2011 hubo 60 % de votos nulos, por lo que menos de la mitad del electorado no fue activo en el proceso de selección.
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