El derecho a votar ha sido una de las principales exigencias de todos los grupos y sectores de la sociedad, ya que es en las urnas donde las diferencias se desvanecen, los votos de todos y todas valen lo mismo.
Pero si los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y las autoridades hacen esfuerzos para promover el ejercicio del voto entre la ciudadanía, ¿por qué la gente no acude a votar?
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en 2018, el porcentaje de abstencionismo en las elecciones fue de 36.571 %. En cambio, en 2019, en los estados con elecciones locales, el abstencionismo alcanzó el 67 %. Y, si bien lo han señalado diferentes estudios, existe una diferencia marcada entre la participación ciudadana en las votaciones presidenciales y las intermedias o locales, e incluso dentro de cada entidad, no deja de ser relevante pensar en las causas de este fenómeno.
El abstencionismo puede responder a diversos factores, desde un acto de protesta hasta la apatía. Esto quiere decir que, a pesar de que el o la ciudadana conozca las fechas de los comicios, la ubicación de su casilla y cuente con la información necesaria para ejercer su voto, decide de manera consciente no votar debido a motivos políticos, que pueden ser sentir rechazo hacia el sistema, no sentirse identificado con ninguno de los o las candidatas o los programas políticos que estos proponen, la falta de credibilidad de las fuerzas políticas ante el incumplimiento de las promesas, el distanciamiento entre gobernantes y ciudadanía, lo cual puede estar ligado a las marcadas desigualdades sociales; o bien, cuando consideran que su voto no representará alguna diferencia puesto que deducen quién ganará.
Sin lugar a duda, el abstencionismo impacta de manera directa en la legitimidad democrática de los resultados electorales, sobre todo cuando una porción significativa de la población no ha participado en el proceso.
El abstencionismo afecta un proceso electoral, dado que los grupos de votantes más comprometidos pueden tener una influencia desproporcionada en los resultados electorales y, posteriormente, en la toma de decisiones, dejando a otros segmentos de la sociedad con pocas posibilidades de participación al no estar representados.
Cuando una gran parte de la población no participa, los representantes elegidos pueden no reflejar la verdadera voluntad del pueblo. Esto puede fortalecer a minorías activas que, al estar mejor organizadas, pueden ejercer una influencia desproporcionada en los resultados.
Además, la baja participación electoral puede llevar a un debilitamiento de la representación, ya que ciertos grupos sociales pueden quedar subrepresentados en el proceso político, resultando en una democracia menos inclusiva y diversa. Esto puede impactar en el diseño de políticas públicas, pues se imponen las necesidades de ciertos grupos sobre otros.
De igual forma, una baja participación electoral puede generar inestabilidad política, ya que los resultados pueden ser más susceptibles de cuestionamiento y conflicto. Por ello, cada elección es una oportunidad para influir en el rumbo del país y la calidad de vida de la ciudadanía. No participar es renunciar a ese derecho.
El porcentaje de participación en la jornada electoral de 2021 fue de entre 51.7 % y 52.5 % de la lista nominal, la cifra más alta desde los últimos 20 años. Sin embargo, la cifra de ese año quedó por debajo de las presidenciales de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al mandato del ejecutivo federal con 53.19 % de los votos y 63.42 % de participación ciudadana.
En el caso del Estado de Puebla, la participación ciudadana en el proceso electoral federal de 2018 fue del 68.2 %, superando la media nacional, que fue del 63.1 %, de acuerdo con cifras del INE.
En 2019 se llevó a cabo la elección extraordinaria para la gobernatura de Puebla, después de la muerte de Martha Erika Alonso de Moreno Valle. En la jornada electoral, participó el 32.4 % de los votantes, menos de la mitad que salió a las urnas un año antes.
En la elección de 2021, se registró una participación ciudadana del 56.02 % de los ciudadanos inscritos en las listas nominales del IEE.
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