El 29 de abril, Eduardo Rivera Pérez, candidato del PAN a la gubernatura, hizo pública su “5 de 5”, en la que, además de sus declaraciones de ley, hizo pública su carta de no antecedentes penales y una prueba de antidoping. Desde entonces, ha retado a los otros candidatos a que también se sometan a un test para que den cuenta a la sociedad de que no consumen sustancias prohibidas.
Aunque la mayoría de candidatos sólo presenta su 3 de 3, que incluye declaración patrimonial, de no intereses y su declaración de impuestos, en Puebla surgió la demanda para que los aspirantes al Ejecutivo también hagan pública su prueba de antidoping. Y es que hasta el momento los requisitos para fungir como servidor público no obligan a presentar esta prueba.
Tanto a nivel federal como estatal y municipal, las leyes o las autoridades electorales no piden como requisito que las y los aspirantes se sometan al antidoping, en ningún ámbito, ni en los candidatos a presidente, gobernadores, presidentes municipales o cualquier otro cargo público. Quien lo hace, es de manera independiente para dar más certeza a los electores de su vida privada.
La importancia del antidoping para servidores públicos
En cuanto a los requisitos para ser candidatos, en el artículo 82 de la Constitución Mexicana no se detalla que las y los aspirantes deban cumplir con una prueba de dopaje, pues sólo se enlistan requisitos como ser mexicano de nacimiento, no ser miembro del ejército o gozar plenamente de los derechos político-electorales.
Lo mismo ocurre para los candidatos a gobernadores, ya que sólo se pide ser mexicano de nacimiento, residir en el estado por cinco años, no ser ministro de culto o tener 30 años cumplidos al día de la elección. Pasa lo mismo con quienes pretenden gobernar un municipio, aunque ahí piden tener 21 años, o para las diputaciones, pues en ninguno es obligatorio una prueba de antidoping.
Esto se da a pesar de que desde hace más de diez años se ha propuesto que los aspirantes a un cargo de elección popular se sometan a estas pruebas. El 10 de febrero del 2014, el entonces diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del PAN, propuso reformar los artículos 55, 82, 91 y 95 de la Carta Magna para que sea obligatorio el antidoping a los candidatos a la presidencia, legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su exposición de motivos, el diputado Gabriel de Jesús dijo que quienes consumen este tipo de sustancias con frecuencia tienen vínculos con los grupos del crimen organizado que les surten, por lo que al hacer obligatorio el antidoping, se evitaría que personas con estos nexos lleguen a un cargo público.
Más reciente, el diputado federal Raymundo Atanacio Luna, de Morena, propuso en 2022 una reforma al artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para que quienes aspiran a un cargo en 2024 debían hacerse el test toxicológico para constatar que no consumen drogas. Fue más lejos y su propuesta abarcaba la presidencia de la república, gubernaturas, diputaciones locales y federales, senadurías, regidurías y hasta los síndicos municipales.
El legislador afirmó que la importancia de la prueba es que los candidatos se apeguen a los valores y principios que todos los servidores públicos deben cumplir de acuerdo con el Código de Ética de los Servidores Públicos; sin embargo, en ningún apartado de dicho código se detalla que los servidores deben presentar los resultados de un examen toxicológico.
En el ámbito federal, en el 2017, el otrora candidato a la presidencia hizo el mismo ejercicio que hoy puso sobre la mesa Lalo Rivera: pedir antidoping para los demás candidatos; sin embargo, la respuesta del entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, fue que al no haber legislación en materia, no podían exigirle a los demás un requisito que no esté previamente establecido en la ley.
La importancia del antidoping en la política mexicana radica en el hecho de que este tipo de exámenes tienen impacto en la reputación de los líderes que pretenden gobernar el país, un estado o municipio, o bien, entre quienes desean representar a la sociedad. Las drogas, en muchos casos, están ligadas a otros problemas como el narcotráfico, por lo que su consumo está mal visto en este ámbito.
En este contexto, las pruebas toxicológicas se presentan como una herramienta que sirve para asegurarse de que los candidatos están libres de adicciones, posibles nexos con el crimen organizado y hacen uso de sus facultades físicas y mentales, aunque para acceder a un puesto de representación popular, esto no es necesario en ningún sentido.
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