Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer detalles sobre el caso de Carlos Fernando Márquez, coordinador de asesores en Pemex, quien falleció tras caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la empresa. La revelación, además de dar luz sobre las circunstancias del fallecimiento, evidenció actos de corrupción que involucran a directivos de Pemex y a líderes supuestamente comprometidos con la lucha contra la corrupción.
Romero Oropeza explicó que, a pesar de que el dictamen pericial confirmó, el fallecimiento de Márquez fue un suicidio, Pemex inicialmente trató el incidente como un accidente, lo cual permitió el pago de seguros, pensiones y otros beneficios a su cónyuge, María Amparo Cazar. Sin embargo, una vez confirmada la naturaleza voluntaria del acto, se suspendieron las prestaciones. Así, Pemex busca recuperar más de 31 millones de pesos que fueron pagados indebidamente y enjuiciar a los servidores públicos involucrados en este caso de corrupción.
El director de Pemex indicó, Cazar, quien es líder de Mexicanos contra la Corrupción, solicitó beneficios como seguro, gastos funerarios, pensión post mortem y pensión para sus hijos y para ella misma antes de que se emitiera el dictamen pericial. Incluso se menciona, ella y el intelectual mexicano Héctor Aguilar Camín visitaron al procurador de la Ciudad de México para solicitar que el dictamen cambiara de "suicidio" a "accidente", con el fin de facilitar los pagos. Pemex, sin esperar el dictamen oficial, procedió a otorgar estos beneficios, lo cual resultó en pagos indebidos por más de 31 millones de pesos.
Aunado a esto, Oropeza subraya la ironía de que personas supuestamente comprometidas con la lucha contra la corrupción se encuentren implicadas en actos corruptos. Romero Oropeza destacó, tras obtener copias certificadas de la Fiscalía General de la Ciudad de México, el dictamen confirmó, nadie privó de la vida a Márquez y que su fallecimiento fue un acto voluntario. Con esta información, Pemex suspendió los pagos y presentó las denuncias correspondientes contra los servidores públicos quienes autorizaron los pagos y contra Cazar, con el objetivo de recuperar los fondos y fincar responsabilidades legales. (NotiPress)
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