Decretan en Ecuador nuevo estado de excepción ante crisis energética

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretó el 19 de abril un nuevo estado de excepción en el país sudamericano, esta vez debido a la emergencia en el sector eléctrico, por una grave conmoción interna y calamidad pública, en todo el territorio nacional, por 60 días.

El Decreto Ejecutivo No. 229 no restringe derechos a los ciudadanos, pero sí dispone el despliegue, en todo el país, de la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas.

"Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional causada por la emergencia en el sector eléctrico con el objeto de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica", dice el primer artículo del decreto difundido en la prensa local.

Según medios locales, el embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador, se halla en el epicentro de la crisis energética que aqueja al país. Este embalse está ubicado en la provincia sureña andina de Azuay y abastece a un conjunto de tres centrales hidroeléctricas con una potencia total de 1.757 megavatios, equivalente a más de un tercio de la demanda nacional.

El Gobierno de Ecuador admitió el 17 de abril que el embalse de Mazar carece de reservas para la generación de electricidad y se encuentra fuera de operación desde el 16 de abril por la tarde.

La medida se produce después de prolongados cortes de luz a escala nacional, además de que funcionarios de Gobierno expresaron sospechas de sabotaje.

Según un reporte del diario El Universo, la medida tiene el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica.

De igual manera, se establece que el régimen de excepción da paso a una intervención emergente y urgente de las instituciones estatales para precautelar la provisión del servicio eléctrico.

Además, el decreto dispone la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el país, con el fin de resguardar las instalaciones críticas de infraestructura energética "para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento".

Según El Universo, los 60 días que durará el estado de excepción se fijaron con la necesidad de contar con tiempo para superar la crisis energética y "hacer frente al déficit energético y garantizar el suministro del servicio de electricidad en el presente, propendiendo a una estabilización en un futuro inmediato".

El Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de asignar los recursos necesarios para atender la emergencia, sin afectar los fondos correspondientes a los sectores de salud y educación.

El domingo 21 de abril, más de 13 millones de electores están convocados a las urnas para responder 11 preguntas, principalmente relacionadas con la seguridad. De las 11 preguntas, cinco corresponden a un referendo y apuntan a reformar leyes o enmiendas a la Constitución de 2008 y seis refieren a una consulta popular, que, de ser aprobadas por la ciudadanía, deberán ser elaboradas como leyes por la Asamblea General.

A principios de este año, Noboa declaró también un estado de excepción en el país ante la violencia atribuida a bandas criminales.