El Gobierno de México dio a conocer los detalles de la demanda que interpone este 11 de abril de 2024 contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito.
"Hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra Embajada (...) así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, sobre todo de Roberto Canseco y Eva Martha Balbuena. Son violaciones claras a la Convención de Viena", declaró en conferencia de prensa la canciller mexicana, Alicia Bárcena.
Posteriormente, señaló que los reclamos que la Administración encabezada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, muestra ante la CIJ contra Quito son los siguientes:
1.Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado, y siguen causando, a México.
2.La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tanto no se emita una disculpa pública, reconociendo las violaciones a los principios y normales fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales.
3.Juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión, en virtud del artículo 6 de dicha misiva.
4.Establecer el precedente de que cualquier Estado o país que actúe como lo hizo Ecuador, será expulsado definitivamente de la ONU, con base en la evaluación prevista en el artículo 6 de la Carta del organismo.
5.Debido a la relevancia de los hechos ocurridos, el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que violó el derecho internacional, esto en un procedimiento rápido y expedito ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros.
Además, Bárcena expresó que México es reconocido a nivel mundial "por su compromiso inclaudicable con el uso y promoción del derecho internacional, y la solución pacífica de controversia entre los Estados".
En el mismo evento, el presidente mexicano subrayó que la demanda es con el fin de evitar que esta clase de incidentes ocurran en otras partes del mundo.
"Es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México. Hay que pensar en garantizar la paz, la tranquilidad, el principio de la solución pacífica de las controversias, y eso atañe a todos los países del mundo", puntualizó.
Asimismo, López Obrador comentó que estas acciones, especialmente la demanda de México en la CIJ, pueden ser un precedente para que se inicie un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y reforzar el derecho internacional.
El asalto a la Embajada mexicana en Quito ocurrió el pasado 5 de abril, después de que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, solicitara asilo político a México. Tras los hechos, el político fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en la ciudad de Guayaquil.
El ingreso de las fuerzas ecuatorianas a la Embajada mexicana derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y se inició un procedimiento por parte del Estado mexicano para interponer una denuncia contra Ecuador en la CIJ.
Asimismo, el presidente López Obrador ordenó una serie de medidas para reprobar este hecho, como enviar una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer las acciones que tuvo Quito y el exigir a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que acompañe la denuncia ante la Corte Internacional contra Ecuador. Mientras tanto, Quito acudió a la OEA para acusar a México, a quien señaló por presuntamente socavar la figura de asilo político.
Sin embargo, el organismo liderado por Luis Almagro, condenó los hechos perpetrados contra la Embajada mexicana en Ecuador. Esta decisión fue avalada con 29 votos a favor, uno en contra y una abstención.