El 8 de julio de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC), con el que se buscó fortalecer las capacidades de las policías municipales y estatales, así como articularlas con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías para prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, e incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública.
En marzo de 2021, el Pleno del Senado avaló un proyecto de decreto que incluye a la Justicia Cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia.
El proyecto de decreto, presentado por los entonces senadores Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, fue aprobado con 94 votos a favor y fue enviado a la Cámara de Diputados.
Ahora, como candidata presidencial por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez nuevamente volvió a tocar el tema y, dentro de los 15 puntos de propuestas en materia de seguridad, expuso garantizar un sistema de justicia cívica que resuelva problemas civiles de manera rápida y expedita.
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El modelo de Justicia Cívica tiene como objetivo mejorar la convivencia comunitaria a través de mecanismos de mediación y prevención y, con esto, evitar que los conflictos escalen a conductas violentas o delictivas.
Sus principales objetivos son atender disputas vecinales o faltas administrativas, como podrían ser riñas o agresiones, el desorden público o el consumo de sustancias tóxicas en espacios comunes.
Para lograrlo, el modelo se basa en 5 ejes principales:
- El juzgado cívico, que es el encargado de articular a diversos actores, como el gobierno, organizaciones civiles y ciudadanos.
- Audiencias públicas, que transparentan el proceso y promueven un diálogo abierto entre autoridad y ciudadanía.
- Policía cercana a la ciudadanía, con un enfoque orientado en la solución de problemas que permita abordar de raíz las principales preocupaciones del ciudadano en torno a su seguridad.
- Medidas para mejorar la convivencia, algunas de estas medidas tienen un propósito meramente reeducativo o de restitución del daño y están dirigidas a aquellas faltas administrativas que no representan un riesgo mayor a través del cumplimiento de un servicio comunitario o trabajos de mejoramiento del espacio público. Existe otro tipo de medidas que permiten vincular a los infractores que presentan un perfil de riesgo con programas de atención especializada.
- Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), estos mecanismos emplean el diálogo y la conciliación entre las partes involucradas para llegar a un acuerdo formal ante el Juez, a fin de dar solución a esos conflictos y garantizar que se cumplan los acuerdos.
El modelo de justicia cívica busca renovar el proceso de atención y sanción de conflictos y faltas administrativas para que los ciudadanos atiendan las causas de origen de sus conflictos y de las problemáticas sociales, además promueve la atención oportuna a infractores para detener posibles trayectorias criminales.
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Sin embargo, el modelo de Justicia Cívica se aplica exclusivamente a las faltas administrativas y a los conflictos comunitarios, y no se debe confundir en ningún momento con un marco jurídico vinculado a asuntos penales relacionados con los delitos.
Dicho modelo busca atender de raíz el origen de los diferentes tipos de violencia y con ello reducir los delitos de alto impacto como el secuestro y homicidios dolosos, pero los números dicen todo lo contrario.
México cerró 2023 con 30,523 víctimas de asesinato, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que recoge la estadística de los archivos de las fiscalías estatales. Se trata de una reducción de 1,431 víctimas respecto al año anterior, de acuerdo con la misma fuente, y de casi 4,000 en comparación con la cuenta de 2021. La cifra de víctimas se mantiene, sin embargo, arriba de las 30,000, por sexto año consecutivo, según el SESNSP, consolidando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, como el más violento de la historia reciente del país.
La organización "Alto al Secuestro" informó que durante el año 2023 se registraron 919 secuestros con 2,402 víctimas, de las cuales el 79 por ciento son hombres, el 14 por ciento son mujeres y el 7 por ciento son menores de edad. Hubo un incremento de 3.2 % en comparación con los secuestros ocurridos en 2022, que fueron 890.
En México, 9 de cada 10 conflictos tienen alguna consecuencia, desde discusiones e insultos hasta heridas y daños materiales. De no atenderse a tiempo, pueden escalar hasta niveles muy altos de violencia, como el homicidio.
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