El Gobierno de México tiene la obligación de entregar al exivicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2012-2018), según un pronunciamiento oficial de la Cancillería de Ecuador tras conocer el viernes la aceptación de pedido de asilo político del exfuncionario por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
"De conformidad con lo establecido en los artículos III, inciso segundo, de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que son partes ambos países, el Gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge David Glas Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador", señala un comunicado oficial de la Cancillería Ecuatoriana.
México anunció su decisión respecto a la solicitud de Glas un día después que Ecuador declarara "persona non grata" a la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur Smeke, por declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, referidas al contexto electoral ecuatoriano en 2023.
Ecuador alegó que "no es lícito condenar a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes" y mencionó que se entregó información sobre las sentencias condenatorias contra Glas por delitos de asociación ilícita y cohecho, y también sobre un proceso en su contra por presunto peculado, por lo cual se ha emitido una orden de arresto en su contra.
Además, lamentó que la contraparte mexicana no haya tomado en cuenta la información proporcionada sobre la situación de Glas.
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"Ecuador reitera que no cabe la concesión de asilo diplomático al ciudadano Jorge David Glas Espinel, en virtud de lo dispuesto en artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo I de la Convención sobre Asilo Político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por los delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes", precisa la nota.
Glas había solicitado asilo al argumentar una persecución en su contra, tras haber cumplido más de 6 años de cárcel por los delitos señalados en los casos Odebrecht y Sobornos.
Al exfuncionario se le imputan presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares, pero Glas replicó que, tras el terremoto de 2016, el Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí no asignó fondos ni contrató, por lo tanto no existió tal delito.
Por su parte, la Cancillería mexicana señaló en un comunicado oficial que el Estado asilante "es el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político".
Además, indicó que su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial, en este caso Ecuador.
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México rechazó el incremento de la presencia de fuerzas policiales en las afueras de su embajada en Quito y la calificó de "hostigamiento" a su sede diplomática como una "flagrante violación a la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas".
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló que esta medida es en señal de rechazo y protesta a las recientes declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó la expulsión de la embajadora mexicana Raquel Serur Smeke después que López Obrador sugiriera que el asesinato de Villavicencio perjudicara la candidatura de Luisa González y favoreciera al ahora mandatario de esta nación sudamericana.
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