Falta de estudios en Puebla complica prevención de la trata de personas: IDHIE de la Ibero

El Instituto de Derechos Humanos de Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, presentó el estudio “La situación de la trata de personas en Puebla 2015-2022”. Para este se hicieron 96 solicitudes de acceso a información, las cuales fueron respondidas parcialmente, negadas o quedaron en recursos de revisión en el Instituto de Transparencia.

Rosario Arrambide González, directora del IDHIE, señaló que uno de los principales motivos por los que se hizo este estudio es porque no hay nada similar en el estado. Sí bien existen diagnósticos a nivel nacional o en Tlaxcala, estado vecino que se distingue por tener un alto grado de trata de personas, en Puebla no hay estudios en la materia.

Esto, sostuvo, conlleva un problema porque al no haber un diagnóstico, no se tienen las herramientas para erigir políticas públicas que atiendan y prevengan el problema, por lo que el estado se coloca en quinto lugar de trata de personas a nivel nacional. El problema se agrava al exponer que quienes más lo sufren son precisamente las mujeres.

A nivel nacional ha existido un aumento sistemático en las denuncias, ya que de 2009 a 2013 hubo 1,101, mientras que de 2012 a 2017 fueron 2,701, y de agosto de 2017 a julio de 2021 se presentaton 3,262. Estos diagnósticos son elaborados por las fiscalías, pero representan un porcentaje mínimo, ya que son parte del 6.8 % de denuncias.

De 2015 a 2022 hubo 280 víctimas de trata en Puebla

En el estado este panorama no es diferente, ya que del 2015 al 2022 hubo 280 víctimas de trata de personas, siendo el primer año en el que más registros de tuvieron, con 93. En 2016 y 2017 hubo 18 en cada año, en 2018 se dieron 11 casos, para 2019 fueron 17 y en 2020 sólo 13. Las cifras incrementaron exponencialmente en 2021 y 2022, ya que hubo 49 casos y luego 38.

Al solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) un desglose del tipo de explotación que sufrieron las víctimas (sexual, trabajos forzados, laboral, etc.), esta dijo no tener a detalle dicha información, ni tampoco la clasificación por edad, ya que sólo se agrupan por rangos de edad.

“Esto es preocupante, porque el hecho de que la FGE no tenga sistematizada la información de las denuncias, no permite pensar, desde la instancias correspondientes, en la creación de políticas públicas para la atención adecuada de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo Arrambide.

Shanik David Geroge, expuso que sólo les dieron la opción de acceder a las carpetas en versión pública y ahí podrían obtener la información, pero debían pagar cerca de 4,000 pesos.

Rosario Arrambide informó que en cuanto al sexo de las víctimas, ocurre lo mismo que a nivel nacional, que la mayoría son mujeres. En total, fueron 177 mujeres tratadas, 42 varones y 61 víctimas donde la FGE no pudo certificar la identidad de la persona.

Cómo parte de su investigación, relacionaron la trata de personas con otros dos delitos: feminicidios y desaparición forzada. Al ponderar los municipios con más incidencia de estas violaciones a derechos humanos, figura que Puebla capital es la zona donde más se concentran, ya que hay 3,186 mujeres desaparecidas, 172 denuncias de trata y 63 feminicidios.

Bajo el sistema de justicia penal tradicional, en los siete años que abarca el proyecto sólo se tienen 39 sentencias condenatorias y 14 absolutorias. En tanto, con el sistema de justicia penal acusatorio la cifra es de 13 sentencias condenatorias y 66 absolutorias. De todas las investigaciones iniciadas, sólo el 25.68 % concluyen en una sentencia.

En su intervención, Ana Gamboa Muñoz, del Observatorio de Violencia Social y de Género, señaló que es importante que la trata de personas se empiece a abordar como un problema transnacional, ya que las víctimas muchas veces son llevadas lejos de su país de origen, por lo que los gobiernos deben hacer labores coordinadas para empezar a erradicarlo y prevenirlo.