El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina envió una iniciativa para llevar a cabo la enajenación de diez unidades hospitalarias y centros de salud del estado para el sistema IMSS-BIENESTAR. Esto es parte del plan de la Federación para concentrar los servicios de salud, pero no queda claro qué implica la figura de la enajenación de los bienes del estado.
Las unidades que el gobierno estatal donará gratuitamente son: Hospital Rafael Alducin en Ciudad Serdán, el Centro de Salud de Huaquechula, Hospital General Sur en Agua Santa, los Centros de Salud de la colonia Francisco I. Madero y de San Miguel Canoa, el Hospital General del Norte y el de San Pedro Cholula, el CESSA y el Hospital de la Mujer de Tehuacán, y el Hospital General de Teziutlán.
Si bien todavía falta la aprobación del Congreso, dichos inmuebles dejarían de ser parte del patrimonio estatal y estarán concentrados por el sistema de salud federal. Aunque esto es algo que se venía anunciando desde hace meses, la figura de la enajenación se ha visto ya en otras ocasiones, ¿qué implica?
En términos jurídicos, la enajenación se refiere al acto mediante el cual se transmite a alguien más una propiedad de manera gratuita u onerosa, es decir, a cambio de una compensación económica. Los procesos de enajenación se pueden hacer mediante donación sin costo o por compraventa a través de licitación, subasta, remate o adjudicación directa.
Dicho proceso puede hacerse en favor de entidades públicas o privadas y está regulado por leyes que se cercioran de que se haga con transparencia, legalidad y con apego a los intereses públicos del estado. A nivel nacional existe la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y en cada estado se desprende una ley que aplica para su respectivo territorio.
Al enajenar bienes, se persiguen varios objetivos, como la eficientización de los servicios que otorga el estado. En el caso del gobierno de Puebla, el argumento es que los hospitales y centros de salud serán administrados por el gobierno federal para, supuestamente, mejorar el acceso a la salud; sin embargo, también se hace para tener ingresos o deshacerse de bienes que no son redituables.
Hacer este proceso tiene impacto para la vida pública, toda vez que al deshacerse de los bienes que ya no son útiles para el estado, se usan los recursos económicos de manera más eficiente y se obtienen recursos para emplearlos en programas de prioridad.
En México, para darle cause a los procesos de enajenación existe el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que se encarga de darle destino a los bienes y empresas improductivas para el estado. Entre los bienes que puede enajenar están los inmuebles, como edificios o terrenos, al igual que los muebles, en los que entran los autos o algún tipo de maquinaria a precios más accesibles que los nuevos.
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En teoría, el SAE se asegura de cumplir con uno de los principales desafíos de la enajenación, que es llevar el proceso sin corrupción. Si el proceso tiene irregularidades se corre el riesgo de que el bien enajenado se entregue en medio de un conflicto de intereses, vaya a ser útil en el futuro o con un valor menor del que realmente tiene en el mercado.
Las personas o entes que no pueden participar en enajenación son aquellas que estén inhabilitadas para ejercer servicio público, quienes tengan atraso de pago en procesos anteriores o servidores públicos que hayan tenido acceso a información que les dé una posición de privilegio.
Para el caso de Puebla existe la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la que se estipula que los bienes del estado podrán enajenarse, arrendarse o gravarse de acuerdo a lo que dicta el artículo 34.
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