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Fue durante la administración del gobernador Rafael Moreno Valle que en Puebla se dio la privatización del servicio de agua potable, puntualmente en octubre de 2013 gracias a la aprobación del Congreso. A poco más de 10 años, el agua de Puebla es un tema del que se sigue haciendo política, pero más aún, se construyen promesas de revertir tal situación, todo con fines electorales.
Actualmente, el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en la entidad está concesionado a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., bajo su filial Agua de Puebla, que son los que hoy se encargan del cobro del servicio. En total, se otorga a los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc, lo que significa más de 488,000 usuarios según Agua de Puebla.
Lo que en un momento se anunció como una mejora al servicio en el suministro, hoy acarrea múltiples quejas para los usuarios que señalan escasez del recurso, sobrecostos o nulo saneamiento de aguas residuales. Esto da pie a que los políticos quieran ganar simpatías con la promesa de mejorar la situación con la empresa o, en el mejor de los escenarios, quitarles por completo la concesión.
A lo largo de estos 10 años, estas promesas se han dado especialmente en tiempos de campaña electoral, donde los candidatos buscan ganar el voto para llegar al cargo, aunque luego se den cuenta de que retirar la concesión no es viable o sencillo de lograr.
El más reciente ejemplo de quienes usan el tema del agua con fines electorales es Carlos Martínez Amador, dirigente estatal del PRD. En su fugaz aspiración a la gubernatura, el perredista inició la campaña "Hablemos ya, el agua es prioridad", en la que irían casa por casa a preguntar la opinión del servicio y a juntar firmas para hacer una revisión del contrato, una auditoría o revertir la concesión.
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A Carlos Martínez se le criticó que en 2013 él era diputado local y fue uno de los que votó a favor de la privatización del agua, pero 10 años después revivió el tema con fines proselitistas. El anuncio fue en mayo de 2023, pero no se supo más de la campaña, al mismo tiempo que se acabaron las aspiraciones del perredista.
Otro político que recurrió a la misma estrategia fue Eduardo Rivera Santamaría, quien en 2021 fue el candidato de Fuerza por México para la presidencia de Puebla capital. Durante el debate en el que se enfrentó a Eduardo Rivera y a Claudia Rivera, Santamaría tomó la bandera de la desprivatización del agua para proponerlo como parte de su plan de gobierno.
Rivera Santamaría no solo prometía retirarle la concesión a Agua de Puebla, sino que esto lo haría, según él, en los primeros 100 días de su hipotético gobierno. Al final todo quedó en promesa debido a que no pasó del 1.5 % de los votos e incluso el partido perdió el registro por dos años.
Otra perredista que usó el tema del agua en su campaña por la gubernatura fue Roxana Luna Porquillo, quien abanderó al partido en las elecciones de 2016. Durante su campaña, Roxana Luna envió una propuesta formal al Congreso del Estado con el fin de que se le quitara la concesión a Agua de Puebla y se le regresara la administración del recurso a los municipios.
En ese momento también señaló al gobierno de Moreno Valle, así como al candidato del PAN, Antonio Gali, por usar el agua como un negocio para beneficiarse y no como un derecho que es de los ciudadanos. Como en los casos anteriores, la propuesta no prosperó y Roxana Luna tampoco ganó la gubernatura de Puebla.
Por su parte, en la campaña de 2018, la panista Martha Erika Alonso también abordó el asunto, a pesar de que fue durante el mandato de su esposo, Rafael Moreno Valle, cuando se dio la concesión a un privado. Ella fue más cautelosa y no anunció una desprivatización, sino que, de ganar, contrataría a un grupo de expertos para revisar el contrato, pero retirar la licencia a Concesiones Integrales costaría más de 3,000 millones de pesos al estado.
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A diferencia de los anteriores casos, Martha Erika sí ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer gobernadora de Puebla; no obstante, no hubo tiempo de que se hiciera tal revisión a la concesión debido a su fallecimiento el 24 de diciembre de 2018 en la caída del helicóptero.
No solo quienes aspiran a gobernar han usado este tema, ya que los candidatos a legisladores se apropian de la causa con fines electorales. Un ejemplo es el de la diputada de Morena, Nora Yessica Merino Escamilla, quien en 2018 prometió, como otros, que se haría una revisión de la concesión para desprivatizar el servicio.
Nora Merino llegó a la diputación local e incluso fue reelegida en 2021, pero nunca concretó la promesa de regresarle al municipio la administración del agua, como lo prometió en 2018.
Así, otros políticos han adoptado el compromiso de desprivatizar el agua en Puebla sin que esto se haga realidad. Luis Miguel Barbosa Huerta, exgobernador fallecido en diciembre de 2022, Gabriela Nuestro Medinilla, exdiputada y secretaria de Trabajo, así como el diputado de Morena, Iván Herrera Villagómez, han hecho lo mismo sin siquiera estar cerca de hacerlo, todo con tal de ganar votos en tiempo electoral.
La desprivatización del agua en Puebla es algo que no se ha concretado, más allá de la voluntad política, porque es un asunto que le costaría fuertes sumas de dinero a los municipios que hoy dependen del servicio de Agua de Puebla.
Luego de que falleciera Barbosa Huerta, el gobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, también atendió a la demanda ciudadana de revisar el contrato del agua, pero sentenció que no es posible revertir la concesión en los términos actuales. Aseguró que hoy en día los municipios no tienen la solvencia económica para el cargo que supone la remunicipalización del agua, pero tampoco la infraestructura.
