Esta semana se registró una serie de filtraciones de números telefónicos de personas públicas vinculadas al Gobierno. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara el número de teléfono de Natalie Kitroeff, jefa de la delegación del The New York Times en México.
El conflicto inició cuando López Obrador mencionó públicamente el número de teléfono de Kitroeff durante una conferencia de prensa, alegando que la periodista le envió un correo "amenazante" respecto a un artículo del NYT. En dicho artículo se insinuaban presuntos vínculos del narcotráfico con la campaña presidencial de 2018, algo que el mandatario mexicano calificó como "completamente falso".
“Si la compañera Kitroeff está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono”, comentó López Obrador.
Aunque el presidente restó importancia al asunto, YouTube optó por eliminar temporalmente la conferencia de prensa en la que se mencionó el número de teléfono de Kitroeff, citando una infracción de su política contra el acoso y el bullying. El video fue posteriormente republicado en una versión editada que excluía el fragmento controversial.
Tanto políticos de Morena, familiares del presidente, como la misma candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se convirtieron en víctimas de la filtración de sus números telefónicos en redes sociales. Y aunque algunos medios señalan a un perfil con el nombre de usuario “La Catrina Norteña” como el responsable de la difusión del número de Gálvez, la publicación de la cuenta fue eliminada por el autor, quien justificó su acción alegando que la exsenadora compartió su número para estar en contacto con la sociedad.
La oleada de filtraciones también alcanzó a personajes políticos como el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán; la candidata por Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo; la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; así como al líder nacional de Morena, Mario Delgado.
La filtración masiva de números de teléfono generó un debate sobre la privacidad y la seguridad de los funcionarios públicos en México, así como sobre el papel de los medios de comunicación y las plataformas digitales en la protección de la información personal.
