Como ya lo venían advirtiendo desde la oposición, los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador causaron un daño a las cuentas públicas de 2022, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) son señaladas por la autoridad auditora.
Ayer, 20 de febrero, la ASF reveló que la administración de AMLO es señalada por posible daño a las cuentas públicas del 2022, por un monto superior a los 32,800 millones de pesos, de los cuales al menos 29,700 millones están pendientes de ser aclarados. El resto, poco más de 3,128 millones sí justificaron su gasto, pero la mayor parte continúa en duda de ser aclarada.
Aunque también hubo observaciones en torno al ejercicio de recursos por parte de los estados y municipios, es la federación una de las instancias más señaladas, en especial por el gasto en las grandes obras que son emblema del sexenio. Tanto el Tren Maya como la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, así como el AIFA, están obligados a aclarar sus cuentas de más de 909 millones.
Por ejemplo, de acuerdo con la ASF tras 12 auditorías se informó que el Tren Maya, inaugurado en diciembre pasado, causó posibles daños por 785 millones de pesos que todavía no son justificados. Pagos a sobreprecio a proveedores y constructoras, trabajos deficientes y pago de intereses en planeaciones son parte de lo que ha dejado el tren, hasta ahora.
Por su parte, derivado de siete auditorías, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, tiene pendientes más de 110 millones que se gastaron en al menos 11 contratos. Dichos contratos también abarcan pagos excesivos por 87 millones, más 27 millones que se usaron para pagar penas por atrasos, y otros pagos que no fueron justificados.
En tanto, el AIFA fue el que menos observaciones recibió, pero igualmente está obligado a aclarar 13.6 millones de pesos en gastos. Estos más de 13 millones se ven en dos áreas de inversión: las obras de construcción de la propia terminal aérea por 6.5 millones, y la intervención que se hizo para ampliar la línea 1 del Tren Suburbano, por un monto de 7.1 millones.
Ahora bien, esta no es la primera ocasión que se hacen estas observaciones a la administración lopezobradorista, ya que en los cuatro años ya revisados de su gobierno, la ASF ha hecho señalamientos a estas y otras obras. En lo que respecta a las cuentas del 2021, el año pasado la Auditoría detectó más de 30 irregularidades en el Tren Maya, la Refinería y el AIFA.
No obstante, en aquellas ocasiones los hechos no trascendieron a más y no hubo repercusiones, por lo que este año podría pasar lo mismo.
¿Qué sigue en el proceso de fiscalización?
En cuanto la ASF detecta una posible irregularidad, emite recomendaciones o una solicitud de aclaración y una vez que se notifica a los entes auditados, se les da un plazo de 30 días para que estas presenten la información requerida con la que solventarían sus cuentas. Posteriormente, la autoridad debe analizar si con la información presentada es suficiente para aclarar las observaciones.
Si el ente auditor considera que la respuesta no es satisfactoria, puede proceder de tres maneras: promoviendo una comprobación fiscal para resarcir los daños causados, adjudicando responsabilidades administrativas sancionatorias contra los servidores públicos que incurrieron en irregularidades y, en el último de los casos, presentando una denuncia penal en contra de la instancia auditada, con lo que se iniciaría la persecución de delitos como peculado, abuso de autoridad o desvío de recursos.
No será hasta que se notifique a los implicados y se inicie un proceso penal que se sepa si verdaderamente habrá consecuencias por las irregularidades señaladas; sin embargo, en los hechos estas consecuencias no han sido una práctica común. Uno de los pocos casos de un funcionario vinculado a proceso es el de René Gavira por el caso de Segalmex.
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