Ayer, el dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Zaldívar, denunció que se ha emprendido una persecución política en su contra por ser crítico como opositor a Morena en Puebla. El panista dijo que estas acciones en su contra son perpetradas por alguien “muy poderoso”, por lo que pide intervención de las autoridades para poner fin a la persecución.
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Durante años, los opositores y detractores de un gobierno o mandatario han denunciado estos actos de persecución política, algunos incluso llegando a ser encarcelados por mucho tiempo. Estas acusaciones se dan con frecuencia y lo usual es que sean orquestadas desde los grupos políticos en el poder, pues son los que disponen de los recursos para llevarlas a cabo.
Si bien no es la primera vez que se acusa este delito en Puebla o en México, pocas veces se da parte de todo lo que implica una persecución política, quiénes la inician y qué la puede causar, así como las consecuencias que esto puede tener para las personas afectadas.
¿Qué implica la persecución política?
La persecución política se refiere al empleo de la fuerza del estado con el fin de silenciar, hostigar y violentar los derechos humanos básicos de una persona o de un grupo social entero. Generalmente las víctimas de persecución son aquellos sectores de la población que no se alinean a los principios del régimen gobernante, pueden ser grupos minoritarios o grandes que retan al poder.
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En la práctica, la persecución política se ve de varias formas, ya sea con la fabricación de delitos para justificar encarcelamientos arbitrarios, o con la censura directa de las personas críticas a la autoridad, pero también con la violación de los derechos humanos básicos de forma discriminatoria y autoritaria.
Por lo anterior, la persecución política se puede considerar como un crimen de lesa humanidad, pues en los peores escenarios deviene en genocidio, tortura, terrorismo de estado, exilio o espionaje, entre otras vejaciones.
De acuerdo a la Convención de Ginebra de 1951, hay al menos cinco motivos por los que se emprende la persecución política: raza, religión, nacionalidad, postura u opinión política y por pertenecer a un grupo social en específico; sin embargo, con el paso de los años se han erigido otras causas, como es el género, las preferencias sexuales y la identidad de género.
En cualquier caso, para que una acusación de persecución política sea catalogada como tal, es necesario que el ente perseguidor tome como punto de partida alguno de los puntos anteriormente mencionados para emprender acciones. Esto significa que el perseguidor debe adjudicar, por ejemplo, una religión o postura política a la víctima, incluso si esto no es cierto.
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Las consecuencias de este crimen son varias, ya que no sólo afecta a una persona o grupo en concreto, sino que tiene repercusiones en la vida pública de toda una región o país. Cuando la persecución política se hace habitual se genera un clima de miedo generalizado en la población, ya que en cualquier momento podría haber más víctimas. Esto deriva en autocensura para opositores y periodistas o polarización social.
Igualmente, afecta directamente a la democracia, ya que se coarta la intención de las personas para participar en procesos democráticos y, en cambio, surge el temor y la presión social como las mejores formas para evitar que los poderosos y represores salgan del poder.
Una creencia es que esto se da principalmente en los regímenes autoritarios y en las naciones donde reina la dictadura, pero también se da en países donde, en teoría, prevalece la democracia. Los ejemplos más claros de persecutores son los de países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero también lugares como Estados Unidos, donde se ha perseguido a periodistas que exponen casos de abuso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) contempla la existencia de estas acciones y por ello en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala que cualquier persona que sea víctima de persecución política, podrá solicitar asilo en otra nación para estar a salvo.
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