Varias personas resultaron heridas y al menos dos fueron detenidas en la capital argentina durante los incidentes que por tercer día consecutivo se registran en las inmediaciones del Congreso, donde las fuerzas federales de seguridad se enfrentaron a los manifestantes que protestaban contra la media sanción del proyecto de "ley ómnibus" del Gobierno.
Al menos dos detenidos y varias personas quedaron afectadas por balas de goma y granadas de gas lacrimógeno, y el clima de tensión arreció con individuos que quemaron contenedores y rompieron las baldosas de la plaza frente al parlamento.
La manifestación, en principio de carácter pacífica, derivó con la intervención de las fuerzas de seguridad, que forzaron a los manifestantes a retroceder para cumplir con el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad, que prohíbe cortar la vía pública de tránsito vehicular.
El conflicto escaló cuando los agentes arrojaron granadas de gas lacrimógeno y propinaron bastonazos para dispersar a los manifestantes, que entonces respondieron con el lanzamiento de piedras y botellas.
La Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería formaron parte en el operativo, ante una concentración menos abultada que en la víspera convocada por agrupaciones de izquierda, entidades gremiales y movimientos sociales.
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Ésta es la tercera jornada consecutiva en la que las Fuerzas de Seguridad reprimen las movilizaciones que tienen lugar en las inmediaciones del Congreso en rechazo al proyecto de "ley ómnibus".
Para la jornada había sido convocado un "festivalazo cultural", como parte de un "plan de lucha en defensa de la cultura y contra la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia (DNU)" del presidente, Javier Milei, que desregula la economía.
El proyecto de "ley ómnibus", cuyo nombre formal es Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, fue aprobado por 144 votos afirmativos y 109 negativos y este martes continuará la votación para votar artículo por artículo, antes de girarlo al Senado.
La norma le otorga facultades legislativas al presidente y autoriza la privatización de numerosas empresas públicas.
