La falta de independencia del poder judicial es uno de los mayores obstáculos en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia Internacional (TI). Todos los países latinoamericanos, excepto tres, obtuvieron puntuaciones inferiores a 50 sobre 100 en este índice.
Uruguay, Chile y Costa Rica son los países mejor evaluados por sus ciudadanos, con puntuaciones de 73, 66 y 55 respectivamente, siendo los únicos tres por encima de los 50 puntos en la región. En comparación, Canadá lidera la tabla con 76 puntos, seguido por Estados Unidos y Barbados con 69 puntos cada uno.
Venezuela con 13 puntos y Nicaragua con 17 están en la parte inferior del índice, caracterizados por la impunidad generalizada y la ausencia total de independencia del poder judicial. Honduras y Guatemala también figuran entre los más corruptos, con 23 puntos.
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— Transparency International (@anticorruption) January 30, 2024
En la franja media, aunque por debajo del aprobado, se ubican países como Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), República Dominicana y Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), Bolivia (29) y Paraguay (28).
El informe de TI destacó que la falta de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promoviendo la corrupción y la impunidad. La ONG con sede en Berlín enfatizó la necesidad de abordar este problema para combatir la corrupción de manera efectiva y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos.
Se subrayó especialmente la situación en Venezuela y Nicaragua, describiendo ambos países como "dictaduras" donde no existe división de poder y la opacidad reina, dificultando la sanción de la corrupción. En el caso de Guatemala, se destacó una tendencia a la baja debido a prácticas corruptas y la construcción de una élite económica y política.
En cuanto a Brasil, se observó una tendencia regresiva en la lucha contra la corrupción en los últimos años, con preocupaciones sobre la influencia en puestos clave por parte de los presidentes Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.
Countries with higher levels of corruption are less likely to sanction public officials for misconduct. The low likelihood of sanctions can also serve as an incentive to engage in corruption.
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