La Policía Nacional de España desmanteló un grupo criminal en Valencia dedicado a falsificar documentación con el objetivo de retirar cadáveres de hospitales y residencias geriátricas para luego venderlos a universidades con fines de estudio.
Los responsables de una funeraria, junto a dos trabajadores, llevaban a cabo este negocio ilícito, buscando fallecidos sin familiares, especialmente extranjeros o personas en condiciones precarias para evitar reclamaciones o seguimientos de donaciones.
La investigación inició a principios de 2023 y se centró en la retirada irregular de un cadáver de un hospital, donde habría llevado a cabo algunas falsificaciones en la documentación. Dos empleados de la funeraria se apoderaron del cuerpo tras falsificar registros y lo trasladaron a una universidad para su estudio, en lugar de enterrarlo como correspondía. El cadáver fue vendido por aproximadamente 1,300 dólares sin el consentimiento adecuado.
Un caso similar ocurrió con un cuerpo proveniente de una residencia geriátrica, donde un hombre autorizó la donación de su cuerpo tres días antes de morir. Sin embargo, se descubrió que el fallecido sufría un deterioro cognitivo severo que le impedía comprender lo que la donación implicaba.
Además, se revelaron irregularidades en las cremaciones de los cuerpos donados. La funeraria cobró más de 5,400 dólares a una universidad por la incineración de 11 cuerpos, aunque estas cremaciones no estaban registradas en ninguna incineradora de la ciudad. El grupo criminal aprovechaba la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en féretros de otros difuntos y hacer incineraciones conjuntas.
