Reportes periodísticos difundidos este sábado 20 de enero señalan que una jueza federal ordenó liberar a ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México arrestados en junio de 2023, bajo acusaciones de estar vinculados a la desaparición forzada de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.
Según informó la prensa mexicana, la libertad condicional otorgada a los uniformados fue debido a la falta de pruebas en su contra de parte de la parte acusatoria, la Fiscalía General de la República (FGR).
Los ocho soldados deberán presentarse a firmar periódicamente, entregar sus pasaportes, pagar una garantía valuada en 50.000 pesos (2.500 dólares, aproximadamente) y no acercarse a los lugares de los hechos, determina la decisión de libertad condicional.
Sobre el sitio de los hechos, se trata de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, sur de México, donde el 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes que iba a la Ciudad de México desapareció, en medio de un enfrentamiento con presuntos grupos narcotraficantes y elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
Los militares, que habían sido arrestados en junio de 2023, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, saldrán en las próximas horas.
El arresto de elementos de la Sedena, dependencia fortalecida desde distintos ámbitos durante el sexenio del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aglutinando funciones y altas cuotas del presupuesto, fue interpretado por los partidarios del oficialista Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) como evidencia de que al mandatario mexicano no le temblaría el pulso a la hora de ir contra la institución militar para investigar el caso Ayotzinapa, un episodio violento sucedido durante la Administración de su antecesor en el mandato, Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los críticos de López Obrador, entre quienes figuran los familiares de los estudiantes desaparecidos, se han mostrado escépticos sobre la transparencia del Gobierno para entregar información que involucre a mandos militares.
Además, reclaman el regreso al país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), articulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó una investigación paralela a la del Gobierno de Peña Nieto, cuyos resultados son calificados en la prensa y la conversación pública como "La Verdad Histórica", cuyos rasgos el actual presidente desacredita.
Los familiares, que a comienzos de enero volvieron a reunirse con autoridades del Gobierno federal pidiendo avances en el último año del sexenio, exigen además que se den a conocer folios de presunto espionaje militar sobre los estudiantes desaparecidos, documentos que el presidente López Obrador ha dicho en sus mañaneras que no existen.
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