La justicia de EEUU fijó para el próximo 22 de febrero la audiencia para presentar alegatos orales en el marco de la demanda presentada por México contra vendedores de armas estadounidenses, informó el viernes la cancillería del país latinoamericano.
"El día de hoy (viernes), en el marco de la demanda presentada por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, cuyas prácticas comerciales facilitan el tráfico de esos productos a nuestro país, la Corte de Distrito para el Distrito de Arizona señaló el 22 de febrero de 2024 como fecha de audiencia para presentar alegatos orales", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La nota recuerda que la audiencia había sido programada originalmente para el 28 de agosto de 2023, pero "la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y (la) canceló".
El caso fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue nombrada en el cargo en 2014 por el entonces presidente estadounidense, Barack Obama.
La nueva jueza asignada al estudio del asunto solicitó información adicional, "lo cual confirma la seriedad y transcendencia del litigio iniciado por México", añade la cancillería.
La demanda fue presentada en agosto de 2022 contra: 1. Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); 2. SNG Tactical, LLC (Tucson); 3. Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); 4. Ammo A-Z, LLC (Phoenix); 5. Sprague's Sports, INC. (Yuma).
"Según datos de trazabilidad, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México. La trazabilidad se refiere al rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada", explica el comunicado.
Se trata de la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas.
La primera se presentó en la ciudad estadounidense de Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, que México considera en parte responsables de la violencia del crimen organizado, y se encuentra en etapa de apelación, tras el fallo de un juez de ese distrito la desestimó.
La cancillería mexicana detalla que la primera demanda "cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito" a México, mientras que la segunda "atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas".
El Gobierno de México ha interceptado casi 40.000 armas de distinto calibre desde diciembre de 2018, cuando asumió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y las autoridades estiman que en el país hay 13 millones de armas sin registrar, la mayoría en poder del crimen organizado.
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