Un par de tragedias, separadas por el tiempo y la distancia, pero unidas por el dolor y la devastación, así se podrían describir los deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas en Colombia y Puebla, en los años 2024 y 1999, respectivamente.
El pasado 13 de enero, un alud de lodo, rocas y árboles arrasó con varios vehículos y viviendas en la carretera que comunica Quibdó con Medellín, en el departamento de Chocó, Colombia.
El saldo fue de 34 muertos, la mayoría niños, y alrededor de 30 desaparecidos, según las autoridades locales; la causa del desastre fue la intensa lluvia que azotó la región durante varios días, provocada por la depresión tropical número 11.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, expresó su profundo lamento por la tragedia y anunció la movilización de equipos de rescate, apoyados por perros rastreadores y maquinaria pesada, para buscar a los sobrevivientes bajo el alud.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también manifestó su solidaridad con el pueblo de Chocó y prometió brindar toda la ayuda disponible.
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La tragedia conmocionó al país y al mundo, generando muestras de apoyo y condolencias de diversos líderes y organizaciones internacionales.
Por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un mensaje de solidaridad al gobierno y al pueblo de Colombia, ofreciendo el respaldo de la organización para la atención de la emergencia; incluso el papa Francisco expresó su cercanía y oración por las víctimas y sus familias.
Puebla, escenario de una tragedia similar
La avalancha de Colombia trajo a la memoria el deslave que ocurrió el 5 de octubre de 1999 en el municipio de Teziutlán, Puebla, en México.
En esa ocasión, un alud de lodo, basura y escombros sepultó a más de 100 personas y sus viviendas en la colonia Las Auroras, tras 72 horas de lluvia incesante.
En su momento se dijo que la causa del deslave fue la acumulación de basura, incluso féretros antiguos y restos humanos en panteones que no estaban en la planeación urbana, sumado a los sismos de mediana intensidad que se registraron en la zona.
El entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, visitó el lugar de la tragedia y declaró tres días de duelo nacional.
El gobierno federal destinó recursos para la reconstrucción de la zona y el apoyo a los damnificados, pero también hubo denuncias de condicionamiento político de la ayuda, ya que se trataba de tiempos electorales.
Además, se evidenció la falta de prevención y gestión de riesgos ante los fenómenos naturales, dejando en claro la evolución del relieve montañoso en una región de clima húmedo, y resaltando la vulnerabilidad y los riesgos de los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.
Sin embargo, 25 años después, parece que esas lecciones no han sido suficientes para evitar que se repitan escenarios similares en otras partes del mundo.
Ambas tragedias muestran la fragilidad de la vida humana ante la fuerza de la naturaleza, pero también la responsabilidad de los gobiernos y las sociedades de prevenir, mitigar y atender los desastres que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar.
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